Formación obligada en lenguas cooficiales en un SNS sin tasa de reposición

El debate sobre la futura Ley de Función Pública ha entrado en una nueva fase con la presentación de enmiendas por parte de los distintos grupos parlamentarios. Mientras que el PSOE ha centrado su estrategia en la regulación de la jubilación parcial y la ampliación de la edad de retiro hasta los 72 años, una medida que impacta directamente en los profesionales del Sistema Nacional de Salud, otras formaciones han puesto el foco en la estabilidad laboral, las condiciones de trabajo y los derechos de los empleados públicos. En este contexto, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha registrado modificaciones que abarcan desde la eliminación de la tasa de reposición hasta la obligatoriedad para los sanitarios del servicio público de participar en formación específica en lenguas cooficiales en las regiones bilingües.

Una de las propuestas más destacadas del BNG en sus enmiendas a la Ley de Función Pública es la supresión de la tasa de reposición de sanitarios y demás empleados públicos, que actualmente limita la capacidad de contratación de las administraciones públicas. De aprobarse esta enmienda, las comunidades autónomas y el Estado podrían contratar más personal sanitario sin estar sujetos a restricciones numéricas impuestas por la ley. Esto permitiría reforzar plantillas en hospitales y centros de salud, aliviando la sobrecarga de trabajo y reduciendo la temporalidad, un problema que afecta a miles de médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios.

Jubilación parcial de sanitarios

Junto a esto, el BNG también ha propuesto la inclusión de la jubilación parcial para el personal estatutario, en línea con lo planteado por el PSOE. Según la enmienda registrada, los empleados públicos podrían acceder a esta modalidad a partir de los 60 años, compatibilizando una jornada reducida en el SNS con el cobro de parte de su pensión. Según argumenta la formación, esta medida “favorece la renovación generacional y la incorporación de personal” a los servicios públicos.

Las condiciones laborales también son objeto de modificaciones en las enmiendas presentadas. En lo que respecta a la jornada laboral, el BNG aboga por una reducción a un máximo de 35 horas semanales, un cambio que afectaría directamente al personal sanitario que depende del Estado. En concreto, esta medida favorecerá a los trabajadores del Ingesa, ya que actualmente, los empleados de los centros sanitarios de Ceuta y Melilla cuentan con una jornada de 37 horas y media.

Otro aspecto relevante de las enmiendas del BNG es la regulación de la movilidad del personal estatutario y laboral. La propuesta establece que cualquier traslado deberá ser voluntario y no impuesto por la administración, eliminando la figura de la movilidad forzosa.

Asimismo, la formación gallega ha propuesto que los trienios sean iguales para todos los cuerpos y escalas y que las pagas extraordinarias que reciben los trabajadores públicos, entre ellos los sanitarios, sean “íntegras” e incluyan todos los complementos salariales.

Formación de sanitarios en lenguas cooficiales

Las enmiendas también incluyen medidas para fortalecer la formación continua del personal sanitario, asegurando, eso sí, que las actividades de capacitación se desarrollen preferentemente en horario laboral y que el tiempo invertido en ellas se compute como parte de la jornada de trabajo. Además, el BNG sugiere que los sanitarios deberán recibir educación específica en lenguas cooficiales si ejercen una comunidad autónoma bilingüe, como Galicia, Cataluña, o País Vasco.

El debate parlamentario sobre la Ley de Función Pública continuará en las próximas semanas, y será clave observar qué enmiendas logran el respaldo necesario para ser incluidas en el texto final, tanto de BNG, como del resto de formaciones.