Francisco Igea.
El
Grupo Parlamentario Ciudadanos ha presentado una
Proposición no de Ley para la mejora de la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios sanitarios bajo la responsabilidad de la
Administración General del Estado o el Ingesa, es decir, aquellos centros sanitarios del Estado gestionados en las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla.
La PNL, que se debatirá en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, exige que en un plazo no superior a dos meses se elabore un registro de los
centros hospitalarios y de salud donde no se cuente con un sistema adaptado de información y comunicación y de acceso al servicio sanitario para personas con cualquier tipo de discapacidad. En particular la PNL se centra en aquellas personas afectadas por las barreras de comunicación, como son las
personas con discapacidad sensorial (visual, auditiva o ambas) y las personas con discapacidad intelectual, entre otras.
En la exposición de motivos de la proposición presentada por el grupo naranja se explica que, según los últimos datos oficiales publicados por el Imserso en relación al número de personas discapacidad, en España existen más de
3.378.000 personas con discapacidad, las cuales tienes algún tipo de problema para acceder a los servicios sanitarios por no estar adaptados a sus discapacidades auditivas y visuales mayoritariamente.
Ciudadanos contextualiza que todas las administraciones públicas sanitarias, tal y como recoge la ley, deben de dar la información sobre los servicios sanitarios a que pueden acceder, debiendo de efectuarse dicha información
en formatos adecuados, de manera que resulten accesibles y comprensibles para las personas con cualquier tipo de discapacidad.
Puntos clave del informe
El informe que solicita Ciudadanos deberá de recoger las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que han de reunir los centros sanitarios, así como los
servicios de interpretación y de video interpretación en lengua de signos para personas sordas en los centros.
Además, Ciudadanos requerirá que,
en un plazo no superior a seis meses, se ejecuten todas las actuaciones necesarias para implantar en todas las
salas de espera de los centros hospitalarios un sistema adaptado que permita la información, comunicación y el acceso al servicio sanitario a todas las personas con algún tipo de discapacidad, en
especial auditiva o visual.
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