Pedro Gullón, director general de Salud Pública.
El
Ministerio de Sanidad ha sometido al trámite de audiencia pública un real decreto con el que persigue no solo culminar el nuevo
Sistema de Información de Vacunaciones e Inmunizaciones (Sivain), sino también desplegar “acciones de prevención primaria” como la evaluación periódica de los programas de vacunación, “incluidos aquellos que no han sido recomendados por las autoridades sanitarias”. El texto ha sido nutrido con aportaciones de colegios y asociaciones de salud, entre las que se encuentran una mayor accesibilidad de los profesionales a estos datos.
“La pandemia de
Covid-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar y mejorar la vigilancia en salud pública y, dentro de esta y de forma específica, los sistemas de información relacionados con las vacunaciones”, reza el
proyecto de RD por el que se regula el sistema Sivan, en el que se incide en que el desarrollo del primer registro de vacunaciones frente al coronavirus (el llamado
Regvacu), así como el
desarrollo de otros sistemas de información, ofrecen “una
oportunidad coyuntural y colaborativa única” para abordar una nueva herramienta que integre “no solo todas las vacunaciones sino también aquellos productos que proporcionan inmunidad pasiva”.
En este sentido, Sanidad informa que el objetivo del decreto es doble: por un lado, evidentemente, regular el Sivan, que incluirá los
datos de vacunas y otros fármacos específicos que proporcionan inmunidad pasiva. Con ello se busca “contribuir a dotar de información sólida y ágil” al
Sistema Nacional de Salud (SNS) para la toma de decisiones relativas a la inmunización general de la población y la
ampliación del campo de la investigación de este tipo de productos.
Por otro lado, la norma está orientada al “desarrollo reglamentario de la
Ley General de Salud Pública”, que establece que las administraciones “impulsarán acciones de prevención primaria” como la vacunación, la evaluación periódica de programas preventivos comunes, la inclusión de nuevos programas o la
suspensión de aquellos que no cumplan objetivos”. “Permitirá evaluar todos los programas de vacunación, incluidos aquellos que no han sido recomendados por las autoridades sanitarias”, indica.
Aportaciones de organizaciones sanitarias al Sivain
El decreto ha recibido siete aportaciones de organizaciones y colegios potencialmente afectados (desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos a Farmaindustria. Sanidad ha resaltado algunas de ellas, como una
mayor accesibilidad de la información a los profesionales (Atención Primaria, farmacia...) y la necesidad de asegurar la
interoperabilidad con otros sistemas.
También pone el énfasis sobre la petición de incorporar “
todas las vacunaciones del ámbito público y privado, incluyendo instituciones penitenciarias y los servicios de prevención”.
Coste del sistema Sivain
El sistema Sivain
tiene su origen en 2022, cuando
Carolina Darias se situaba al frente del Ministerio de Sanidad. En diciembre de ese año, el Gobierno aprobó una distribución inicial de cinco millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas para el desarrollo de esta herramienta de información.
Según consta en el texto de audiencia pública que ha hecho público Sanidad, los gastos derivados de los desarrollos a nivel autonómico y de las demás partes implicadas para la creación de Sivain
“se estiman en 25 millones de euros”, habiéndose logrado una financiación “cuya transferencia de fondos se realizó en 2022 con un plazo de ejecución para los años 2022, 2023 y 2024 de 11,2 millones de euros”.
Esta partida “se espera
ampliar en los años sucesivos”, aunque el Ministerio subraya que muchas CCAA “cuentan con financiación propia para el desarrollo de este sistema”.
“En cuanto a los costes directos de la creación de Sivain, hay que subrayar que
ya existen estructuras actualmente vigentes para la evaluación de los programas de vacunación en las comunidades autónomas y otras partes implicadas que se podrían aprovechar para articular las funciones y la operativa del sistema que se crea y regula en este real decreto”.
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