"El derecho a la objeción conciencia no puede colisionar con el del aborto"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido este martes en el Senado que el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios no debe interferir con el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo. Junto a esto, ha reiterado el compromiso “claro, nítido y urgente” del Gobierno con el cumplimiento de la ley que regula el aborto en España, aprobada el año pasado y que establece que esta prestación se debe realizar “preferentemente en la sanidad pública”, algo que no están respetando todas las autonomías, según señala la ministra.

En este sentido, la ministra ha señalado que, a pesar de que desde el año 2010, la ley establece como requisito que las comunidades autónomas establezcan un registro de objetores de conciencia respecto al aborto, todavía hay seis comunidades autónomas que no lo han elaborado. “El derecho a la objeción de conciencia no puede colisionar con el derecho a la prestación del servicio de interrupción del embarazo”, ha afirmado García.

En este contexto, García ha señalado que actualmente el 81 por ciento de los abortos se realizan en clínicas privadas, lo que considera “un claro incumplimiento de la ley”. Según la ministra, algunas comunidades justifican esta situación con la falta de “un protocolo común”. Por ello, ha recordado su compromiso para trabajar de la mano con las autonomías a través del Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud (CISNS) para materializar este protocolo y que “pueda haber un registro de objetores”.

No es la primera vez que el Ministerio hace alusión a este protocolo común. En concreto, el pasado mes de junio Redacción Médica publicó que esta cartera ya se encontraba elaborando este documento, que busca  integrar y coordinar los registros existentes en las diferentes comunidades autónomas y en el Ingesa.

Las trabas al acceso al aborto en la sanidad pública

Por su parte, la senadora del Grupo Izquierda Confederal, Carla Delgado, quien ha planteado la pregunta al ministerio, ha aprovechado su intervención para señalar los “obstáculos sistemáticos” a los que se enfrentan las mujeres en las comunidades gobernadas por el Partido Popular para acceder al aborto en la sanidad pública. En concreto, ha puesto de ejemplo a la Comunidad de Madrid, donde en 2022 solo el 0,36 por ciento de los abortos se realizaron en centros públicos.

El aborto, un derecho fundamental de las mujeres

García, de acuerdo con Delgado, ha querido recordar en el Senado que el aborto es “un derecho fundamental de las mujeres” que ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional. “Son muchos años desde que la sociedad ha aceptado el aborto como uno de los derechos no solo de las mujeres progresistas, sino de todas las mujeres”, ha señalado.

En esta línea, la ministra se ha mostrado crítica con las posiciones de la derecha respecto al aborto, y ha acusado al PP de “acosar y fiscalizar” a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. “Ni a Londres, ni a la privada, ni a 200 kilómetros; aborto libre, seguro y en la sanidad pública”, ha concluido.