La objeción de conciencia, amparo médico a pruebas diagnósticas antiaborto

El colectivo médico ha recibido con escepticismo el plan ‘antiaborto’ anunciado por Juan García-Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Primero, porque este tipo de protocolos “los elaboran los clínicos, no los políticos”, deslizan desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom). Pero también porque no se puede “obligar” a un facultativo a realizar una prueba diagnóstica o terapéutica si no lo desea, pues puede acogerse a su derecho de objeción de conciencia.

Estas son las primeras valoraciones del Cgcom tras la exposición de las medidas ‘provida’ de García-Gallardo. En concreto, el mandatario de Vox avanzó a finales de la semana pasada la intención del Gobierno autonómico de “instar” a los facultativos a ofrecer a las mujeres que quieran abortar la posibilidad de recibir atención psicológica, de escuchar el corazón del feto y de ver una ecografía 4D del mismo.

“La relación médico-paciente es de íntima confidencialidad, y el único objetivo del acto médico es el bienestar médico y psíquico del paciente”, concluyen las fuentes consultadas por Redacción Médica, que inciden en cualquier caso en que no recae sobre los dirigentes políticos la responsabilidad de desplegar este tipo de iniciativas. En este sentido, subrayan que “los protocolos clínicos los elaboran los clínicos”, de forma que no hay lugar para que desde la administración se imponga de forma unilateral un plan como este.

Asimismo, subrayan que los médicos pueden negarse a ofrecer a las pacientes escuchar el latido del corazón del feto o enseñarles una ecografía. El Cgcom apela a la Ley de Autonomía del Paciente, que establece que “en ningún caso y de ninguna manera se puede obligar a nadie a una prueba diagnóstica o terapéutica que no desee”.

Mañueco niega el protocolo 'antiaborto'

El plan ‘antiaborto’ de Vox parece en cualquier caso condenado a morir en la orilla después de que el propio presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), contestara a García-Gallardo y rechazara la posibilidad de instaurar un protocolos para desmotivar a las mujeres a interrumpir de forma voluntaria su embarazo.

“No se obligará a nada a los médicos ni a las mujeres embarazadas”, ha asegurado este lunes el mandatario popular. En esta línea, ha advertido de que este tipo de medidas pueden suponer una “coacción”, directa o indirecta, hacia las pacientes. “Y por tanto, la Junta no las va a promover ni a amparar”, ha concluido.

De hecho, el plan, que debería haberse oficializado este mismo lunes, no ha sido publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León ni tampoco ha sido enviado a los principales hospitales de la región.