CESM y Satse apelan a cuatro argumentos para que el Gobierno transfiera la sanidad penitenciaria a las autonomías

"No se va a cubrir ni el 10% de la OPE en sanidad penitenciaria"
Pedro A. Martínez. Gabriel del Pozo, Manuel Cascos y Lourdes Piñel.


26 feb. 2020 12:30H
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Los profesionales sanitarios que trabajan en prisiones no pueden más. Por eso, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el sindicato de Enfermería, Satse, han denunciado este miércoles la "desidia" de las Administraciones sanitarias, que no dan respuesta a sus reivindicaciones. "Es un problema que se arrastra y que afecta especialmente a los profesionales de Medicina y Enfermería", han subrayando, advirtiendo que "hace 17 años que no se cumple la ley", en relación a la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas contemplada en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Además, los sindicatos han puesto sobre la mesa la necesidad de incentivar las plazas en estos centros, ya que los profesionales reciben una remuneración menor que sus compañeros de la sanidad pública pese a la complejidad de sus responsabilidades.

Pedro A. Martínez, responsable de CESM-Prisiones, ha destacado que actualmente hay 220 plazas sin cubrir de las 440 de las que debería haber. Además, de las que están cubiertas, el 90 por ciento las ocupan médicos de más de 50 años y, de esos, el 30 por ciento ya se podría jubilar. "Esto va a ser un caos en unos meses", ha vaticinado Martínez, que ha resaltado que las personas que se atienden en prisiones tienen derecho a recibir una atención sanitaria de calidad: "Están privadas de libertad pero no de salud". 

Además de las patologías generales, en las prisiones españolas también se atienden otras dolencias más específicas como son los problemas de drogadicción, salud mental o enfermedades infectocontagiosas, "que necesitan un cuidado más intenso".

Oposiciones desiertas


Martínez se ha atrevido a hacer un "augurio" de cara a la nueva convocatoria de plazas para la sanidad penitenciaria, que se publicó el pasado 4 de febrero. "No se va a cubrir ni el 10 por ciento de las plazas. En la anterior se cubrieron solo cuatro", ha recordado. La nueva oposición, que consta de 35 plazas, todavía está en fase inicial, ya que se están presentando las instancias. 

La única vía para paliar este problema, han señalado los médicos, pasa por la transferencia de las competencias a las comunidades autónomas. Para justificado, han apelado a la legislación vigente, a razones éticas, a la salud pública  a motivos económicos: "La deuda contraida con las comunidades autónomas es importante, por eso son más reticentes a asumir esa transferencia".

Por su parte, Gabriel del Pozo, secretario general de CESM, ha recordado que Unidas Podemos siempre se ha mostrado más cercano a esta transferencia. "Pensamos que pueden ser receptivos a la carta conjunta que les hemos mandado, en la que les solicitamos reuniones para aplicar soluciones. La sanidad penitenciaria cada vez se va a colapsar más", ha advertido, recordando que hace apenas unos días se han remitido misivas de manera conjunta por CESM y SATSE a los ministros de Interior, Sanidad y Política Territorial y Función Pública.

Pedro A. Martínez. Gabriel del Pozo, Manuel Cascos y Lourdes Piñel. 


Manuel Cascos, presidente de Satse, ha señalado la "desidia" de las Administraciones sanitarias para afrontar los problemas que tienen los profesionales de la sanidad penitenciaria, advirtiendo de que se tomarán las medidas que se estimen oportunas para poner fin al agotamiento de las enfermeras.

Cascos ha señalado que, actualmente, hay 500 enfermeras para una población de 50.000 reclusos más 20.000 personas privadas de libertad que rotan por las prisiones. Esto es, una enfermera por cada 100 presos. Además, ha hecho hincapié en que estos datos son "una falta de respeto para las personas en prisión y para los profesionales que realizan su labor en los centros con escasos medios y recursos".

Las enfermeras, ha afirmado, "asumen responsabilidades que no son suyas, lo que supone un riesgo añadido para los profesionales y la población de los centros penitenciarios". Además, Cascos ha advertido que cada uno de estos centros "en un reino de taifas" y que "no existe la igualdad en la disposición de medios y recursos". 

Cascos ha subrayado que en Enfermería, el 50 por ciento del personal, está de baja por incapacidad temporal y ha puesto el ejemplo de Aranjuez, que solo tiene a 3 personas en activo de los 11 asignados , "y no se sustituyen". 

Por su parte, Lourdes Piñel, enfermera de prisiones, ha destacado que los profesionales que trabajan en tienen vocación para trabajar en estos puestos, advirtiendo que, de momento, se saca lo indispensable, pero que puede haber problemas inminentes por el "agotamiento" de los profesionales. "La enfermería es una superviviente que está esperando que esto se solucione".

Tanto el secretario general de CESM como el presidente de SATSE han insistido en que el Gobierno central y los de las comunidades autónomas tienen que llegar a un acuerdo lo más pronto posible para propiciar el traspaso de la sanidad penitenciaria, dando así cumplimiento a la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.


Aspecto de la rueda de prensa celebrada en la sede de CESM. 


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