Redacción. Madrid
Los proveedores con obligaciones pendientes de pago de las comunidades autónomas, según los requisitos del segundo tramo de la última fase del Plan contra la Morosidad, tienen desde este martes hasta el próximo 14 de noviembre para comprobar si sus facturas están incluidas en el listado remitido por su comunidad autónoma al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
![]() Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda. |
En este sentido, el departamento que dirige Cristóbal Montoro señala que los proveedores que observen que, cumpliendo con los requisitos del segundo tramo, sus facturas no están incluidas en los listados remitidos al Ministerio tienen que dirigirse a su comunidad autónoma para solicitar su inclusión con el modelo establecido de certificado individual o masivo.
La solicitud de este certificado implica la aceptación del proveedor, subrayan. El certificado individual se expedirá por el interventor general de la comunidad autónoma en el plazo de diez días hábiles desde la presentación de la solicitud. En el caso de que no se hubiera contestado la solicitud en plazo se entenderá rechazada.
Extremadura se incorpora al Plan
Las comunidades autónomas que ya se adhirieron al primer tramo del Plan contra la Morosidad, para eliminar el stock de facturas pendientes, entran automáticamente en la segunda y última fase del mismo. Estas comunidades autónomas son Andalucía, Aragón, Illes Balears, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Región de Murcia y Comunitat Valenciana. Adicionalmente, se ha incorporado a este segundo tramo Extremadura.
En este segundo tramo, se permitirá que las comunidades autónomas puedan normalizar todos sus pagos pendientes y reducir su deuda comercial acumulada, antes de la entrada en vigor de la nueva normativa en materia de morosidad, atendiendo al resto de proveedores no cubiertos en el primer tramo, que se inició en junio, ya que éste priorizó el pago de servicios básicos, como conciertos en materia sanitaria, educativa y servicios sociales, convenios, transferencias al tercer sector y subvenciones en I+D+i, así como todos los proveedores de las entidades locales.