Luis Rosado: “El beneficio empresarial y administrativo deben alinearse”

Javier Barbado
Las empresas y las administraciones públicas del sector sanitario no deben permanecer por más tiempo enfrentadas en sus intereses (los beneficios privados, las primeras; el funcionamiento de la maquinaria del Estado, las segundas) sino que, por el contrario, deben situar sus fines en una sola línea: la definida por la calidad y la eficiencia de las prestaciones. Dicho de otro modo, lo inteligente radica en conjugar la agilidad funcional de la empresa y el potencial estructural de la administración para ofrecer al paciente el mejor servicio posible. El exdirigente de la sanidad de la Comunidad Valenciana analiza su paso por la Consejería autonómica del ramo y reflexiona sobre la adaptación del modelo concesional a la comunidad autónoma, la primera en hacerlo realidad a finales de los años 90 en el Hospital de La Ribera. Asimismo, no se muestra partidario del copago de forma explícita, pero sí de un ticket moderador de la frecuencia con que se visita la consulta y urgencia hospitalarias.

Usted ha sido consejero en la Comunidad Valenciana entre junio de 2011 y diciembre del año pasado. ¿Qué balance hace de su etapa al frente del departamento?

Nos ha tocado una época muy especial, el año y medio más complicado de la crisis económica que ha vivido el Estado español y, por supuesto, la comunidad autónoma. Es un periodo en el cual hemos tenido que ir salvando la situación a corto plazo (acción cortoplacista), pero también intentando poner bases de cambios estructurales no solo dentro del Sistema Nacional de Salud sino también de la comunidad autónoma. Mi trabajo ha sido bastante complejo porque, por una parte, debía solucionar el “día a día”, y, al mismo tiempo, establecer esta planificación a largo plazo.  

En mayo de 2012, la Consejería anunció un modelo de “gestión compartida” para todos sus centros. ¿Ha funcionado?

Sí. Allí se tomaron una serie de medidas que estuvieron basadas en mejorar la eficiencia de lo ya existente. Fueron múltiples medidas que abordaron todas las posibilidades de mejora de la eficiencia dentro del sistema público. Esto, efectivamente, durante el año 2011 y, ante todo, en 2012, permitió reducir el gasto sanitario de una forma muy importante y aproximarlo, realmente, al presupuesto de una forma importante. Pero, al mismo tiempo, se trataba de instaurar elementos que transformaran el modelo y ayudaran a llevar a cabo un cambio estructural del modelo sanitario para que estas medidas no fueran solo de carácter coyuntural, no fueran “flor de un día”, sino que fueran establecidas para el futuro.

El modelo implantado en la Comunidad Valenciana, desde hace muchos años, es la fórmula concesional. Es un modelo que funciona, que es costo-eficiente, está consolidado y abarca el 20 por ciento de la población valenciana. Nosotros, durante el tiempo en que estuvimos, tratamos también de establecer todas aquellas medidas que mejoraran los intercambios económicos que se estaban realizando sin alterar el estatus profesional de los trabajadores de la Comunidad.

Algunas de estas medidas se están continuando en la actual Consejería, de forma que se trata de conseguir los mejores resultados a corto plazo con independencia de que, a largo plazo, haya que establecer medidas que sean de carácter estructural.

Pero ese modelo de gestión compartida, en todo caso, iba más allá de la fórmula concesional aplicada en algunos hospitales, ¿no es así?

Es un cambio de forma de comprar. Eso es lo que se pretendía y lo que –estoy seguro– se llegará a conseguir en el futuro: el cambio de paradigma del sistema de intercambio económico que existe ahora mismo entre las empresas y la administración pública. No puede ser que, en el siglo XXI, el beneficio de las empresas esté en contraposición al beneficio de las administraciones: ha de estar alineado; tiene que ser, al fin y al cabo, de forma alineada. Y, al mismo tiempo, la propia administración pública tiene que evolucionar hacia un modelo empresarial. Es lógico que, cada vez, nuestras administraciones sanitarias públicas tengan una mejor organización orientada a mejorar la eficiencia y no solo a perpetuarse.

El exconsejero aboga por formar al directivo sanitario.

Como sabe, la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa) defiende que, en efecto, los hospitales de la sanidad pública orienten su funcionamiento a una filosofía “empresarial”. Además, esta sociedad científica reivindica la formación específica del directivo de la salud para contribuir a conseguir esa meta. ¿Está de acuerdo con todo ello?

Sí. Mi experiencia, al haber tenido la oportunidad de ser macro-gestor de gestión sanitaria y, también, gestor sanitario como gerente de hospitales, me lleva a pensar que ya existe una doctrina creada y que, por lo tanto, resulta necesaria la profesionalización de los cargos gerenciales. Como, de hecho, ocurre con cualquier proceso de gestión empresarial, es decir, no podemos contar, en nuestras organizaciones, con personas que no estén lo suficientemente preparadas como para que no haya variabilidad en la forma de gestionar estas instituciones públicas.

En este sentido, comparto totalmente la idea de Sedisa y creo que debe establecerse un cuerpo de doctrina que permita que nuestros gerentes, nuestros directores de centros sanitarios, estén homologados dentro de una formación específica, como ya sucede con otras especialidades sanitarias. Como todos sabemos, de hecho, el sistema MIR se caracteriza por la acreditación para poder obtener la especialización, y creo que también puede haber algún tipo de reconocimiento acreditativo que nos permita a los gerentes estar acreditados para poder prestar un servicio público adecuado.

Pero hay comunidades que ya han dado pasos firmes para hacerlo realidad como, por ejemplo, Castilla-La Mancha. El gerente de su servicio regional de salud, Luis Carretero, ha anunciado que las gerencias se adjudicarán a personas dotadas de conocimientos técnicos por medio de concursos públicos. ¿Le consta que se vaya a extender esta forma de actuar?

Sí. Esto está avanzado en casi todas las comunidades autónomas porque, efectivamente, las administraciones públicas no estamos en disposición más que de conseguir que los responsables de las entidades que generan una importante actividad económica sean profesionales capacitados que dispongan de formación específica. Creo que es necesario y, en este sentido, lo que está haciendo el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, constituye un ejemplo para seguir por otras comunidades autónomas.

¿Por qué se ha optado, en la Comunidad Valenciana, por la concesión administrativa como fórmula de gestión alternativa a la tradicional?

Hay diferentes modelos que se pueden establecer y que se adaptan a cada comunidad. Pero es verdad que, en el caso de la Comunidad Valenciana, el que está más experimentado como fórmula de colaboración público-privada –y que mejores beneficios obtiene tanto en calidad asistencial como en resultados económicos– es el modelo concesional. Y, de hecho, es una fórmula que se va estableciendo, poco a poco, en otras comunidades autónomas. Es un modelo que ya, a estas alturas, no es un experimento, sino que está contrastado, lleva más de diez años funcionando, se sabe que provoca una disminución del coste sanitario en la población que está atendida en su territorio, y que los márgenes de calidad de los hospitales y de los centros sanitarios donde hay una concesión administrativa es completamente óptimo, y se obtienen resultados excelentes en las valoraciones de benchmarking que hay dentro de las organizaciones sanitarias.

En este sentido, yo creo que es un buen modelo cuya única limitación reside en la distribución de los mapas sanitarios que existe en las comunidades autónomas. Ahora, establecer nuevas instituciones en el mapa sanitario español es algo que debe de estar bastante bloqueado, ya que no existe una necesidad perentoria de establecer nuevas instalaciones. Yo creo que lo que hay que hacer es modernizar las que hay ahora.

Rosado se declara firme defensor del modelo Alzira.

Usted da por hecho que el modelo concesional es más eficiente, pero no opinan así otros especialistas en gestión sanitaria, y, como sabe, ha habido gran polémica por este asunto en la Comunidad de Madrid. ¿Qué opinión le merece la apuesta de esta autonomía por el modelo Alzira?

Yo creo que lo que está sucediendo ahora mismo en la Comunidad de Madrid no está relacionado exactamente con la eficiencia o no del modelo concesional, sino con otras connotaciones de carácter político que se están produciendo en esta autonomía. El modelo concesional lo defienden unos autores y otros lo atacan, pero lo que es indudable es que utilizar todavía elementos de confrontación para decidir si esto tiene que ser más eficiente o no… es algo que está de más. O sea, plantearse la procedencia de modelos de colaboración público-privada en Europa en el siglo XXI… Países como Alemania, por ejemplo, posee una amplia red de hospitales privados que proporcionan un servicio público; en Holanda existen aseguradoras que dan un servicio público de una forma generalizada… Y otras naciones, como los países nórdicos, están ya desarrollando modelos similares a la fórmula concesional.

Nosotros hemos tenido la oportunidad, en la Comunidad Valenciana, de escuchar al exministro laborista Alan Milburn [fue titular de esa cartera en el Gobierno británico presidido por Tony Blair] hablar sobre lo que era considerado por él como el mejor modelo, en este momento, de colaboración público-privada que puede existir en el mundo [el concesional] porque asegura la calidad de la prestación, no pierde la titularidad pública, y, al mismo tiempo, obtiene los mejores márgenes de calidad asistencial. Y en cuanto a la evidencia de este menor coste, no se trata de intentar demostrarlo científicamente, sino simplemente de pagar menos por el mismo servicio. Ya sabe usted que donde hay una concesión administrativa, no hay una deuda asociada, no se genera deuda, mientras que en los hospitales de gestión directa hay una deuda asociada.

Podríamos hablar mucho más sobre el modelo concesional. Yo soy un firme defensor de él. El único problema que hay con él sucede cuando alguien es mal informado y se le dice que es un modelo privado (cuando se trata de un modelo público); es también una fórmula en la que se comparte gestión de las empresas y de la propia administración, pero no un modelo privado en e que logran beneficios a costa de lo público, y, por lo tanto, esta es una importante diferencia. Otra cuestión esencial es que los trabajadores del centro con este modelo no sientan la amenaza de perder sus puestos; si pierden ese temor, se sienten más seguros en la fórmula concesional. Y en las comunidades autónomas donde existe polémica con su implantación, los trabajadores deben saber que su puesto de trabajo no va a correr peligro por ello.

Tal como usted lo ve, ¿qué retos tiene hoy la Consejería liderada por Manuel Llombart?

Yo creo que, como usted bien sabe, es una comunidad autónoma grande y, además, con muchos problemas financieros, obstáculos básicamente de financiación. Nuestra autonomía va a tener una financiación menor que la de otras comunidades y, sin embargo, la prestación sanitaria que ha habido que ofrecer ha sido la misma. Por lo tanto, estamos en una tesitura que ya se dio con el Ejecutivo central anterior pero que, ahora, reclamamos en todo caso, una financiación adecuada dentro del Estado español. Lo que queremos es que los valencianos tengan el mismo número de euros per cápita que el resto de ciudadanos del Estado español, porque yo creo que, hasta ahora, hemos demostrado que podemos disfrutar de un modelo eficiente, pero si padecemos una permanente insuficiencia económica iremos siempre por detrás en el pago a los proveedores y en la deuda.

¿Qué opina del copago más allá de su vertiente farmacéutica, es decir, de cobrar por la asistencia de forma directa?

Yo creo que una de las limitaciones que padece el modelo sanitario español (uno de los más universales y que mayor cartera de servicios posee en Europa) es que es de los más frecuentados. Hay que tener en cuenta que se frecuenta en utilización de recursos sanitarios en todos los sentidos, no solo en el farmacéutico sino en lo relacionado con el transporte sanitario, las consultas de Atención Primaria o de especialistas o la realización de pruebas. De modo que la existencia de algún elemento moderador de esta frecuentación es necesaria, y esto ya se planteó hace décadas, pero es que, desde entonces, siempre se ha pensado en fijar un elemento limitante a esta elevada frecuentación que hace que, en el sistema sanitario español, se consuma más que en el resto.

Rosado explica cómo funciona  la central de compras que opera en la Comunidad Valenciana.

En este sentido, no es que me muestre partidario del copago, pero sí de la existencia de algún tipo de limitación o de ticket moderador para la frecuentación del sistema sanitario.

Como sabe, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y el Ministerio de Sanidad elaboran en la actualidad un proyecto de central de compras compartida en el SNS. ¿Está a favor de que prospere?

Bueno, aquí me baso, una vez más, en la experiencia. Nosotros, desde 1994, poseemos una central de compras que ha funcionado muy bien en la Comunidad Valenciana, y siempre ha permitido agregar compras y establecer economías de escala no solo en productos sanitarios, sino también farmacéuticos de uso hospitalario. Y hemos disfrutado hasta ahora de importantísimos ahorros. Yo pienso que la mayor partida compartida de elementos para una central de compras nacional puede ser un modelo muy eficiente para seguir mejorando la eficiencia del sistema público. Ahora bien, este modelo ha de estar lo suficientemente cuidado como para evitar la pérdida en la calidad de la prestación que se está dando en cada uno de los productos. Nosotros, en la central de compras de la Comunidad Valenciana, pusimos en marcha un Comité de Expertos que, antes de evaluar el precio de las cosas que se incluyen en la subasta electrónica, determina la calidad del producto que va a poder competir.

¿Y echa de menos ese aspecto en el proyecto del Ingesa?

No: es algo que está previsto. Es natural que exista, inicialmente, la puesta en marcha de ajustes y desajustes relacionados con la posición de la industria (que, lógicamente, trata de hacer una protección de su negocio) y, al mismo tiempo, de la administración que trata de poner en marcha un modelo que es nuevo y que posee un margen normativo que ha de cumplir.