Todas las comunidades autónomas apoyan el modelo español de oficina de farmacia

Eduardo Ortega Socorro. Madrid
Si de algo ha servido la crisis generada por el anteproyecto de Servicios Profesionales del Ministerio de Economía y Competitividad ha sido para demostrar la profunda confianza que las administraciones sanitarias sienten respecto al modelo español de farmacia.

Carmen Peña, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. A la derecha, el Consejo Interterritorial al completo. En el centro, Ana Mato, ministra de Sanidad, y Pilar Farjas, secretaria general de Sanidad y Consumo.

Fuentes colegiales indican que Asturias es la única comunidad autónoma que queda por hacer público un documento de apoyo a la botica nacional, pero desde la Consejería de Sanidad del Principado aseguran que la farmacia española cuenta con su respaldo, y que en próximas fechas llegará la carta correspondiente a los órganos colegiales.

“Nos adherimos a la posición del resto de comunidades por mantener el sistema”, aseguran fuentes de departamento asturiano. “Apoyamos un modelo regulado como el actual, que auque es susceptible de mejora, es fundamental para garantizar la existencia de oficinas de farmacia en zonas no rentables y rurales”.

Consideran que “en ningún momento se debe pensar en una liberalización del modelo”, al que consideran que es una “vía más de asegurar la equidad”. Aseguran que esta postura ya ha sido comunicada por Faustino Blanco, consejero de Sanidad del Principado, a José Villazón, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) regional.

Respaldo de regiones y Ministerio de Sanidad

De esta manera, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cgcof) contará, cuando reciba el de Asturias con documentos de apoyo de todas las comunidades autónomas, que remitirá a la Administración Central. A estos, hay que sumar el respaldo que en su momento ya hizo público el Ministerio de Sanidad liderado por Ana Mato.

Esto lleva a la impresión de que cada vez es más débil la amenaza que ha supuesto la propuesta de eliminar la condición
de que solo los farmacéuticos puedan ser propietarios de oficinas de farmacia del Ministerio de Economía y Competitividad. De hecho, según algunos consejeros como Antonio María Sáez Aguado, de Castilla y León, el Gobierno ya habría descartado esta posibilidad.