Sanidad quiere definir con los laboratorios los cambios en el sistema de precios de referencia

Eva Fariña / Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid
El desarrollo y las repercusiones de la propuesta de precios de referencia según el Real Decreto Ley 16/2012 han sido analizados por expertos reunidos en la XLV Jornada Fuinsa, celebrada este jueves en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Por parte del Ministerio de Sanidad ha participado Jesús García Herrero, jefe de Servicio de Intervención de Precios de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Farmacia.

García Herrero ha aprovechado este encuentro con representantes de la industria farmacéutica para pedirles colaboración en la puesta en marcha de los cambios normativos que afectan al Artículo 93 de la Ley 29/2006 de 26 de julio de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. En su opinión, la revisión anual de la orden ministerial dará “cierta estabilidad al sector”: “Ya sé que el sector no quiere solo una estabilidad anual, sino permanente, pero por ahora hemos conseguido que sea durante un año”.

En cuanto a las cifras, García Herrero ha anunciado que con la nueva normativa las comunidades autónomas podrían ahorrar unos 400 millones de euros; 14, las mutualidades, y 26,5, los ciudadanos. En contrapartida, los laboratorios dejarán de percibir 279,23 millones de euros; las distribuidoras, 22,94, y las farmacias, 116,95. Asimismo, todos estos recortes supondrán que Hacienda deje de ingresar unos 16,76 millones vía impuestos.

Una de las novedades de la orden ministerial será la creación de conjuntos sin necesidad de existencia de medicamentos genéricos o biosimilares, siempre que el medicamento o ingrediente activo haya sido autorizado con una antelación de diez años en España. Además, se incorpora la ‘comercialización efectiva’, en el sentido de que exclusivamente los conjuntos se formarán por presentaciones comercializadas. Otras novedades son la creación de conjuntos independientes para envases clínicos y la supresión del umbral mínimo.

La finalidad de estas medidas, según Jesús García Herrero, es “garantizar el abastecimiento, mantener una adecuada gestión de la prescripción farmacéutica y evitar trastornos asistenciales”. Para incorporar las alegaciones de la industria farmacéutica, Sanidad ha creado un formulario en el registro telemático de la página web del ministerio. “Os pedimos vuestra colaboración para presentar las alegaciones previas a la publicación de la orden ministerial. Posteriormente, solo se podrá acudir al contencioso. En total, son unas 15.000 presentaciones e intentaremos que salgan lo mejor posible. Tras la publicación en el BOE, se podrán corregir errores, pero no modificar precios”, ha dicho el responsable ministerial de Intervención de Precios.

Antón Herreros, director general de Fuinsa; Emilio Vargas, del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid; Alfonso Moreno, presidente del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y presidente de Fuinsa, y Jesús García Herrero, jefe de Servicio de Intervención de Precios de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia.