Guadalupe Martín advierte durante el debate de que las modificaciones conducen a una “inseguridad jurídica” y que los cambios no son “fruto del consenso”



20 jun. 2013 13:32H
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Un momento de la votación, en la Comisión de Sanidad.

Eduardo Ortega Socorro. Madrid
Finalmente, la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales del Congreso de los Diputados da luz verde a la reforma de la Ley del Medicamento, la 29/2006. Aunque en un principio la iniciativa estaba destinada a la traslación de las directivas europeas de farmacovigilancia y de fármacos falsificados, finalmente se han abordado cuestiones como los biosimilares (que quedan pendientes de una legislación específica), el permiso de prescripción para fisioterapeutas y que los podólogos puedan vender de forma directa fármacos (única enmienda que ha unido a PP y PSOE), el control de los equivalentes terapéuticos e incluso la flexibilización de la troncalidad (seis meses de más o de menos, dependiendo de la especialidad clínica).

Con todo, el aspecto más relevante de los modificados y enmendados en la iniciativa legislativa es el de la prohibición de los concursos autonómicos de medicamentos dispensados en oficina de farmacia, de tal manera que los descuentos en este ámbito solo podrán ser nacionales. Esto podría poner fin a la subasta de fármacos de primaria que lleva en marcha en Andalucía desde 2011, y que el Ministerio de Sanidad no ha podido frenar desde entonces. Esta cuestión, según el Grupo Socialista, es una “obsesión” del Gobierno y del PP, y asegura que esta medida podría también afectar a las bonificaciones que las oficinas de farmacia reciben por parte de las compañías farmacéuticas.

La votación del dictamen de la ponencia con enmiendas transaccionadas y errores técnicos corregidos se ha resuelto con 24 votos a favor (PP y UPyD ), 15 en contra (PSOE e Izquierda Plural) y tres abstenciones, estas protagonizadas por PNV y CiU. El grupo catalán ha adoptado esta posición porque “aunque se han incorporado mejoras, el PP no ha aceptado que se garantice la atención primaria a los sin papeles y excluir del copago la farmacia hospitalaria”, según un comunicado del grupo parlamentario.

Guadalupe Martín, del Grupo Socialista, advierte de que los cambios abordados llevan “a la inseguridad jurídica” y considera “sorprendente que debamos decir que no estamos satisfechos con ellos. Esta reforma no es fruto del consenso”.

En este sentido, Antonio Román, vicepresidente primero de la Comisión y miembro del grupo popular, replica que “la ministra Ana Mato siempre tiende la mano a la oposición. Esto no implica aceptar lo que dice, sino llegar a acuerdos, y es así como se llega al consenso. Ustedes no están en desacuerdo con la Ley, sino con de dónde procede esta leY”.

Modelo de farmacia

El final del debate se ha desviado hacia el modelo de farmacia español. Gaspar Llamazares ha recordado que todavía está pendiente por conocer el anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, que supondría la liberalización de las boticas.

Ante esta cuestión, Manuel Cervera, portavoz del Grupo Popular asegura que “el PP y el Gobierno de España defienden a ultranza el modelo mediterráneo de farmacia”.

Tras la aprobación de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales, la iniciativa pasará al Senado para continuar con su tramitación parlamentaria, con el objetivo de que pueda aprobarse de forma definitiva en el Congreso y entrar en vigor antes del verano.

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