La ley que traerá más profesores de Medicina, aprobada por el Congreso

El Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) continuará su tramitación parlamentaria en el Senado. Con 176 votos a favor, 156 en contra y 11 abstenciones, el Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves a esta inciativa que aboga por incorporar más profesores de Medicina y establecer límites a la temporalidad entre el profesorado, además de prohibir subir el precio de las tasas universitarias a futuro.

El texto acordado por la Cámara Baja recoge el dictamen emitido por la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades el pasado 13 de diciembre, las enmiendas 57 y 712 del Grupo Parlamentario Plural. El resto de enmiendas vivas que los grupos parlamentarios habían mantenido para su debate y votación en Pleno han sido rechazadas.

Este proyecto de ley tiene como objetivos la consecución de una universidad de calidad, accesible, equitativa e internacionalizada. Para ello, modifica las condiciones laborales del profesorado asociado que convierten las plazas temporales en indefinidas, con el objetivo de reducir la temporalidad del sistema universitario, y mejora las condiciones laborales del personal docente e investigador, garantizando, entre otros, derechos por antigüedad o derechos a complementos salariales. Asimismo, se incorporan otras medidas para que el profesorado temporal pueda acceder y promocionar en la carrera académica.

Esta iniciativa, a su vez, plantea "el compromiso de gasto mínimo del 1 por ciento del PIB", y se establecen títulos propios de formación a lo largo de la vida mediante modalidades diversas, incluidas microcredenciales, microgrados y otros programas de corta duración, que podrán tener reconocimiento académico. La iniciativa recoge que las administraciones públicas establezcan programas de becas y ayudas a la formación en el marco de las políticas de fomento de la movilidad internacional.

Gobernanza, perspectiva de género y atención a la discapacidad

El Proyecto de Ley plantea un modelo democrático en el que la elección de los y las representantes de los distintos sectores de la comunidad universitaria se realizará mediante sufragio, además establece que "el claustro será el órgano de máxima representación y participación de la comunidad universitaria" y se consolida el Consejo de Estudiantes en cada universidad. Otra modificación en relación a la gobernanza es que el mandato de los titulares de los órganos unipersonales será de "seis años improrrogables y no renovables".

En materia de género, esta iniciativa establece que para crear una universidad privada o pública se deberán contar con planes de igualdad, medidas para eliminar la brecha salarial y protocolos frente a todo tipo de acoso. Además, en los concursos se podrán aplicar "acciones positivas para contratar, en igualdad de condiciones de idoneidad, al sexo menor representado".

En relación a cuestiones de discapacidad, se establece que las unidades de diversidad deberán contar con "un servicio de atención a la discapacidad y disponer de un plan de inclusión y no discriminación por motivos de discapacidad, origen étnico y nacional, orientación sexual e identidad de género, y por cualquier otra condición social o personal". Asimismo, se fomentará "la lengua de signos y estudios propios adaptados a personas con discapacidad intelectual" y se establecerá "un cupo de reserva para personas con discapacidad en las ofertas de empleo público".