La subida salarial no frena el 38% de pérdida adquisitiva de los médicos

Después de semanas de especulaciones, el Gobierno ponía sobre la mesa de negociación una cifra concreta a la subida salarial de los empleados públicos para 2022. Finalmente, la intención del Gobierno es inflar un 2 por ciento la nómina que percibirán los funcionarios el año que viene tal y como pretende reflejar en la redacción de los Presupuestos Generales del Estado. Una cifra "totalmente insuficiente" a ojos de los sindicatos -todavía inmersos en la negociación-, especialmente dentro del sector sanitario donde consideran que decaerá el poder adquisitivo y lastrará el empleo. 

El mínimo establecido por Comisiones Obreras, el único sindicato que rehusaba acudir a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas como signo de protesta, era equiparar dicho aumento salarial al "coste de la vida", es decir, a la subida del IPC.

Si la inflación prevista para este año es del 3,5-4 por ciento, el incremento del 1,9 por ciento fijado actualmente y el 2 por ciento proyectado para el ejercicio próximo supondrán únicamente "la acumulación de la pérdida retributiva", detalla Rosa Cuadrado, responsable de Acción Sindical Pública de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO). La portavoz critica que, un año más, se sigan haciendo recortes porcentuales en las dos pagas extra fijadas, en el sueldo base y en los trienios. "Ese desajuste no lo recuperamos, es otro año que perdemos", lamenta. 

En el caso de los empleados sanitarios, el perjuicio es aún mayor, opina la portavoz. En primer lugar, al ser uno de los sectores más golpeados por los recortes, sobre todo en las categorías más altas, como la de los médicos, donde el retroceso salarial alcanza incluso al 38 por ciento, asegura Cuadrado. "Lo que se pretende con las pensiones es establecer una cláusula de revisión salarial, pero en el caso de los funcionarios ni siquiera es eso. Lo que pierden se fue", lamenta.  

Recuperación de las 35 horas de trabajo

Además de ser uno de los colectivos que "más ha sufrido los efectos de la pandemia", demostrando "su compromiso y dedicación", los profesionales siguen trabajando "17 jornadas más anuales" en comparación con otros empleados públicos. Al tener 37,5 horas fijadas, en vez de 35 como piden recuperar los sindicatos, se ejercen 2,5 horas adicionales a la semana. Un "porcentaje de guardia que no les pagan" ni a médicos ni a enfermeras, reclama la portavoz. 

Y es que las 35 horas tienen especial impacto en Sanidad, dado que, al contrario que en otros sectores, no cierra "ningún día del año y se trabaja las 24 horas", por lo que es "inevitable hacer más jornadas" y depender de un menor número de trabajadores sanitarios. Esto sumado a la tasa de reposición impiden recuperar los puestos destruídos durante los años de la crisis, a pesar del aumento en los sueldos. 

El sindicato mayoritario considera que el Ministerio, más que sentarse a negociar, se ha limitado a comunicar las medidas acordadas, sin "un plan plurianual, fondos adicionales" y sin una voluntad clara " de compensar a los empleados públicos", por lo que no descartan futuras movilizaciones para presionar al Ejecutivo. Comprenden que recuperar la pérdida adquisitiva no es algo "inmediato" por lo que abogan por un plan "a medio-largo plazo" que ofrezca soluciones progresivas a futuro. 

Una "condena" para los funcionarios

Como una “condena a los empleados públicos” interpretan desde UGT la propuesta del Gobierno, que, en palabras de su secretaria de acción sindical, Isabel Araque, provocará que los funcionarios "pierdan poder adquisitivo" y, por ende, de compra.

La propia Araque ha enfatizado tras la reunión con el Ejecutivo central que este “debe reconocer” el "papel esencial” de los funcionarios públicos, "más aún cuando las previsiones de alza del PIB para 2022 son más que halagüeñas, sobre el 5,9 por ciento”.

Asimismo, ha reconocido que “se ha incrementado la tasa de reposición” pero la ley de Presupuestos “tendría que haber contenido la eliminación de esta tasa".

En la misma línea, la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) ha rechazado la propuesta de Hacienda al considerar que no "repara las retribuciones económicas a los empleados públicos ante la constante evolución al alza de los precios". "Hay que tener en cuenta que este año ya se ha producido una desviación importante sobre la subida del 0,9 por ciento que se marcó para 2021, que agravará la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2010”, apuntan.

El sindicato reclama un acuerdo "para el resto de legislatura” que permita "recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010". "Habría que tomar como referencia la desviación de este año por el alza de los precios, la previsión del IPC para el año que viene, más un punto y medio que permita avanzar en la recuperación de este poder adquisitivo”, añade.