La Fiscalía no ve odio contra la enfermera que criticó el C1 de catalán

La Fiscalía no ve delito de odio por los insultos proferidos en Twitter contra la enfermera andaluza que se quejó en Tik Tok por la obligatoriedad de conseguir el título de C1 de catalán para concurrir a las oposiciones de la sanidad pública de Cataluña, según ha avanzado El Mundo, que también señala que la Generalitat de Cataluña imputó una “falta grave” a la joven.

“Se va a sacar el C1 de catalán mi madre”, espeta la enfermera en el vídeo, publicado el pasado marzo y que se volvió viral en distintas redes sociales. En su momento, fuentes del Hospital Universitari Vall d'Hebron, donde trabajaba la joven, confirmaron a Redacción Médica que se investigarían los hechos. "No podemos tolerar que dentro de nuestras instalaciones, en horario laboral y con el uniforme de la institución se hagan vídeos que no tienen a ver con la actividad asistencial. Es evidente que no representan a la institución ni al centro", señalaron las mismas fuentes. El conseller de Salut, Manel Balcells, anunció poco después que se le abriría un expediente a la enfermera.

Semanas más tarde, el centro hospitalario decidió no renovar a la joven cuando expiró su contrato, y desde la Conselleria de Salut señalaron a Europa Press que, aunque el expediente que se le había abierto había seguido su curso, “cualquier hipotética actuación disciplinaria queda suspendida” una vez concluida la relación laboral entre ambas partes.

Negativa a las reglas “desproporcionadas”

Para Ciudadanos, aquella medida del hospital se trató de un "despido ideológico por sus opiniones". De hecho, la exlíder del partido naranja, Inés Arrimadas, registró una batería de preguntas parlamentarias acerca de lo que consideraba un “señalamiento” hacia la sanitaria.

El Gobierno, en su respuesta, recordó que la exigencia de hablar las lenguas cooficiales “no puede ser desproporcionada ni injustificada”, ni basarse “en las características y nivel del puesto de que se trate en cada caso” y estar orientada “a la garantía de los derechos de la ciudadanía en todo caso, y en particular sus derechos lingüísticos".

Crece la discriminación a hablantes de catalán

El informe de discriminaciones lingüísticas a hablantes del catalán en las administraciones públicas durante 2022 contabiliza 45 casos en el ámbito de los servicios sanitarios, un 15,4 por ciento más que en el año anterior. Entre todas las administraciones, el estudio refleja 118 casos, un 19,2 por ciento más que en 2021. De esos 118 casos, los que tuvieron lugar en el sector sanitario suponen, por tanto, el 38,1 por ciento, una proporción que ha crecido en los últimos cinco años. En 2018 se registraron 5 situaciones de este tipo en la sanidad entre 25 totales, es decir, el 20 por ciento. A pesar de que en 2022 aumentaran las discriminaciones, el porcentaje de casos contabilizados en 2021, 39, fue mayor con respecto al total, el 39,4 por ciento de los 99 registrados en todos los ámbitos de las administraciones públicas.