El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García.
La
Fiscalía Europea ha decidido este jueves asumir la
investigación del caso conocido como Koldo, que hasta ahora estaba bajo la jurisdicción de la
Audiencia Nacional. Se trata de una decisión que ha surgido tras solicitar información al juez sobre uno de estos contratos, que resultó estar
cofinanciado con fondos europeos. Con esta base, la Fiscalía ha decidido tomar el control total de la investigación para
analizar de manera conjunta todos los contratos adjudicados a la misma empresa por diversas Administraciones Públicas en un corto periodo.
Se trata de una investigación que gira en torno a la
adjudicación de contratos de mascarillas a una empresa durante la pandemia, en la cual uno de los principales acusados es
Koldo García, exasesor del exministro de Transportes,
José Luis Ábalos. La Fiscalía Europea ha explicado que, tras recibir y revisar minuciosamente la información,
decide asumir esta investigación judicial para evaluar todos los contratos otorgados por distintas autoridades públicas a la empresa en cuestión.
Dada la gran repercusión pública de este caso, la Fiscalía ha especificado que
no se proporcionarán más detalles por el momento, calificando esta actualización como excepcional debido al "altísimo interés público" que ha generado la investigación.
El ‘caso Koldo’ y los contratos por la compra de mascarillas
El
caso Koldo involucra presuntos actos de
corrupción relacionados con contratos firmados durante la
pandemia para la
compra de mascarillas, utilizando
fondos europeos que suman un total de 17,8 millones de euros. Estos fondos incluyen 14,7 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y 3,1 millones de euros del Fondo Europeo de Solidaridad, según informaron las autoridades españolas a la
Comisión Europea.
Por este motivo, la Fiscalía Europea, con sede en Luxemburgo, tiene la responsabilidad de
investigar,
procesar y
enjuiciar delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea. En situaciones donde se sospeche de fraude relacionado con el presupuesto de la UE, las autoridades nacionales y todas las instituciones, órganos y agencias de la UE están
legalmente obligadas a informar a la Fiscalía Europea sin demora.
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