Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
El
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid ha avalado al
Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por la gestión que realizó de las residencias durante la primera oleada de contagios de Covid-19. Una sentencia ha concluido ahora que no cometió ningún tipo de delito por
no medicalizar los centros de mayores ubicados en el municipio de Alcorcón durante los primeros compases de la pandemia.
La decisión judicial es una respuesta a un recurso interpuesto por el
Ayuntamiento de Alcorcón que había acusado al Ejecutivo autonómico de
actuar con “inactividad” después de que presentasen una petición formal para que se dotara de
más medios sanitarios a sus instalaciones, tanto a nivel humano como de materiales, para hacer frente al incremento de los contagios.
Sin embargo, los magistrados de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo han dado la razón al equipo de Ayuso después de analizar las diferentes
órdenes sobre atención sanitaria emitidas en aquella época. La sentencia considera que se ha atendido a los principios de “necesidad, apreciación discrecional por la autoridad y proporcionalidad”, según ha publicado
Infolibre.
La demanda se formalizó en el mes de
abril de 2020 en un momento marcado por la declaración del primer estado de alarma debido a la pandemia de Covid-19. La respuesta judicial se produce después de que el Ayuntamiento remitiese hasta en cuatro ocasiones por carta al Gobierno de la Comunidad de Madrid
una intervención mayor en cuatro residencias.
La orden del Ministerio de Sanidad de las residencias
En la demanda, se acusaba al Gobierno autonómico de no haber cumplido con la
Orden de Adopción de Medidas de las Residencias de Mayores por el Covid-19 publicada por el Ministerio de Sanidad el 19 de marzo de 2020. Esta normativa habilita a las autoridades sanitarias autonómicas a modificar la
prestación de servicios de personal médico o de enfermería en los centros.
El equipo de la alcaldesa,
Natalia de Andrés, solicitó entonces medidas cautelarísimas para poder dotar de manera inmediata a las residencias de los medios médicos necesarios. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid accedió a esa primera petición debido al impacto del Covid-19 en las personas mayores. Sin embargo, ahora ha dado la razón al Gobierno tras
analizar el fondo del asunto.
La sentencia se ha resuelto sin la unanimidad de todas las partes, ya que
dos de los cinco miembros del tribunal se han desmarcado de la decisión y han emitido un voto particular. La decisión, en todo caso, es susceptible de ser apelada de nuevo mediante un
recurso de apelación.
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