De Lorenzo: “La labor de los profesionales sanitarios merece una protección penal específica”

Ricardo Martínez / Redacción. Madrid
La violencia en el lugar de trabajo es un fenómeno cada vez más frecuente. En determinados sectores, como el sanitario, en los que el contacto con los ciudadanos es mayor, el riesgo de sufrir una agresión es mayor.  Por esta razón, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F)  ha organizado unas jornadas para abordar las agresiones que sufren los empleados públicos.

Ricardo De Lorenzo, socio-director del bufete De Lorenzo Abogados.

Ricardo De Lorenzo, socio-director del bufete De Lorenzo Abogados, ha señalado que los datos de agresiones evidencian “una carencia de medidas preventivas eficaces frente a las agresiones, a pesar de la incorporación de planes preventivos y protocolos de actuación ante agresiones de la mayor parte de sistemas públicos de salud y corporaciones profesionales”.

Las cifras a las que se ha referido el letrado indican que uno de cada cuatro trabajadores del sector sanitario ha sido víctima de alguna agresión y que en un 48 por ciento de los casos los agresores eran pacientes y un 30 por ciento familiares y acompañantes. Además, el 45 por ciento de las situaciones violentas ocurren en los servicios de urgencias y en centros de AP, que la mayoría de las agresiones son verbales un 62,64 por ciento  frente al 2,8 de agresiones físicas y un 34,45 por ciento fueron tanto físicas como verbales.

De Lorenzo considera que “las agresiones sanitarias tienen la suficiente envergadura, proporcionalidad y magnitud, como para concretar una intervención legislativa”. La calificación como atentado de las agresiones a médicos y enfermeros plantea que siga habiendo jueces y magistrados que sigan considerando una calificación excesiva y una interpretación forzada del concepto de “orden público”, teniendo como consecuencia una distinta protección, a efectos penales, entre los profesionales del sector público y los del sector privado, cuando  "los fines prácticos que satisfacen ambas actividades son idénticos, junto al riesgo de dejar vacío el tipo delictivo como consecuencia de la extensión de los posibles sujetos pasivos a quienes también se agrede".

La labor desempeñada específicamente por los profesionales sanitarios, “debe de ser susceptible de protección penal específica, en tanto que el bien jurídico a proteger trasciende el interés individual de estos profesionales, dado que la única regulación que permite actualmente la punición de ese bien jurídico protegido que excede de la mera protección personal es el delito de atentado”, según ha reconocido De Lorenzo.

El socio-director del bufete De Lorenzo Abogados ha asegurado que “lo esencial es garantizar que el Código Penal contemple una protección específica del bien jurídico que hemos analizado, y que no se permita las agresiones a  queden impunes, ni que existan dudas, tanto jurisprudenciales como sociales, sobre la proporción de la reacción penal ante las agresiones al personal sanitario, que pueden salir caras a la seguridad jurídica".