Blasco y su cúpula reconocen el fraude en las ayudas al Hospital de Haití

El exconseller de Sanidad y exportavoz del PP en las Cortes de la Comunidad Valenciana, Rafael Blasco, ha reconocido este jueves las irregularidades en subvenciones a ONG y en el proyecto del fallido hospital en Haití de la que se le acusaba tanto a él como a su cúpula.

El grupo de hasta siete acusados que ha firmado un pacto de conformidad con el fiscal Anticorrupción Jesús Carrasco incluye a Blasco, su cúpula en la Conselleria (la exsecretaria general, Tina Sanjuán; el exdirector general, José María Felip; y el exjefe de área de Solidaridad, Marc Llinares); los empresarios Augusto César y Arturo Tauroni, y el presidente de la ONG Esperanza Sin Fronteras, Fernando Darder, además de Alina Indiekina Lysenko y María Isabel Castillo.

Tanto en el caso de Blasco como en el resto de este grupo, todos ellos han corroborado ante el tribunal que aceptan los hechos relatados por Anticorrupción en su escrito de acusación y que, por tanto, reconocen los delitos que se les imputan. Posteriormente, en el momento en el que han sido llamados a declarar, la mayoría de los procesados se ha limitado a acogerse a su derecho a no hacerlo.

Tres años y medio de prisión

Según confirmaron a Europa Press fuentes conocedoras de la negociación en su momento, el preacuerdo entre Fiscalía Anticorrupción y los principales acusados contempla penas cercanas a los tres años y medio de prisión. Tanto Abogacía de la Generalitat como la Coordinadora entienden que no existe una suficiente reparación económica como para aceptar acuerdo con el exconseller.

Por estas piezas, Anticorrupción solicitaba inicialmente hasta 16 años de cárcel para Blasco y pedía como responsabilidad civil la cantidad de 4.639.840 euros a favor de la Generalitat, mientras que para Augusto César Tauroni pedía hasta 21 años y medio de cárcel. También solicitaba una multa de 3.136.800 euros y el decomiso de sus dos apartamentos de Miami y un yate, además del dinero de las cuentas de EEUU de diferentes sociedades por un delito de blanqueo de capitales.

Seis acusados más han alcanzado acuerdos totales con todas las acusaciones (Fiscalía, Abogacía de la Generalitat y Coordinadora Valenciana de ONGD); otros cuatro han presentado conformidades con Fiscalía y Abogacía de la Generalitat y uno más únicamente con Abogacía.