Amparo constitucional con matices a la ley federal sanitaria de Sumar

Sumar pone sobre la mesa la necesidad de aprobar una “Ley General de Sanidad Federal” que renueve el actual Sistema Nacional de Salud (SNS) para que, desde el respeto a la descentralización, permita al Estado “corregir desigualdades” entre comunidades autónomas, o lo que es lo mismo, “homogeneizar” la gestión interterritorial del SNS. Ello conduce a la pregunta de si dicha homogeneización podría restar capacidad de gestión a las regiones. Según expertos en Derecho Constitucional consultados por Redacción Médica, la propuesta no raya, en principio, la inconstitucionalidad, aunque añaden algunos matices.

Las negociaciones con los partidos nacionalistas de cara a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno han copado la intensa actualidad política en las últimas dos semanas, con la ley de amnistía a los encausados por el procés catalán, por un lado, y el traspaso a las comunidades autónomas de algunas competencias estatales, por otro, como principales pilares que han 'competido' con el proyecto sanitario para los próximos cuatro años de legislatura por el protagonismo informativo.

No obstante, es menester recordar que el pacto de Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar incluye destacadas medidas en materia de sanidad, entre las cuales se halla el refuerzo de la Atención Primaria a través de un plan de choque y la limitación, por ley, de las listas de espera médicas. Este último aspecto hizo que el seno del PP acusara al PSOE de "falta de respeto" a las comunidades autónomas, algunas de las cuales también protestaron arguyendo que el impulso de una normativa de esa índole no vendría sino a limitar las competencias autonómicas en sanidad.

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El PP y algunas regiones denunciaron que la futura ley de listas de espera limitará las competencias autonómicas

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Tanto desde el PSOE como desde Sumar llamaron a la calma en este sentido, aunque los de Yolanda Díaz concretaron que su idea de SNS pasa por la “homogeneización” de la atención sanitaria en las comunidades autónomas ya apuntada, “sin que se pierda la descentralización, es decir, respetando la visión federalista”.

Poco después, durante el encuentro organizado por la distribuidora de medicamentos Cofares en el Congreso de los Diputados sobre autonomía y reservas estratégicas de fármacos, el coordinador de Sanidad del grupo parlamentario de Sumar, Rafael Cofiño, fue más allá y concretó la idea de la “Ley General de Sanidad Federal” ante la “necesaria renovación del SNS”, una “reestructuración global” que no tiene por qué conllevar una “centralización” de la gestión sanitaria, según Cofiño -que consideró que “la descentralización ha sido buena”-, pero sí la corrección de “desigualdades y desabastecimiento de medicamentos”, lo cual supone “reordenar todos los elementos de atención integrada”.

Preguntado por este medio, el responsable de Sumar explica que la propuesta de nueva ley de SNS implicaría reforzar la Atención Primaria y Comunitaria para “evitar desigualdades en su desarrollo como, por ejemplo, los tiempos de acceso” -aspecto ya reflejado en el acuerdo de Gobierno de coalición-, “establecer la plena protección a la salud y la cobertura del SNS para toda la población” y asegurar los “estándares estatales de calidad del SNS”. No obstante, aclara que, en cualquier caso, "todo esto ha de trabajarse y consensuarse con el nuevo Ministerio y, desde el Congreso, en el marco de la Comisión de Sanidad".

La propuesta de homogeneización divide a los expertos

Más allá de las intenciones, el quid de la cuestión vuelve a ser el cómo: ¿de qué manera se logra esa homogeneización del SNS sin pervertir las competencias sanitarias que ya tienen las comunidades autónomas, es decir, sin ‘meter mano’ en el federalismo al que hacen alusión desde Sumar?

“La competencia estatal sobre sanidad interior permite establecer bases y dictar medidas de coordinación general”, afirma el catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid Javier García Roca, que se basa en el artículo 149.1.16 de la Constitución Española. Su homólogo de la Universidad de Santiago de Compostela Roberto Luis Blanco Valdés coincide en que “existen mecanismos constitucionales suficientes para asegurar ese ‘control’ central sin mermar las competencias de las regiones para que no haya ‘desigualdades’ entre ellas”.

“Las prestaciones que cubre la Seguridad Social están establecidas en la Cartera de servicios comunes del SNS. Quien ha determinado, por ejemplo, si el sistema cubre una cirugía estética reparadora es el Estado. Por lo tanto, ¿sería posible aprobar una ley de cohesión del SNS? Sí. Otra cosa distinta es lo que dijera el Tribunal Constitucional si se recurriera”, sostiene Blanco Valdés.

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Blanco Valdés: "¿Sería posible aprobar una ley de cohesión del Sistema Nacional de Salud? La respuesta es sí"

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El también catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada Miguel Azpitarte Sánchez indica que, “en principio, la normativa básica del Estado es siempre un concepto flexible”, aunque puntualiza que, en el caso de la sanidad, dicho concepto está “bastante asentado”. García Roca también se muestra menos categórico y asevera que, aunque “las normas básicas permiten regular principios que garanticen una unidad de tratamiento en todas las comunidades autónomas, no pueden ser demasiado ‘reglamentistas’”.

El experto de la Complutense reconoce que “la potestad de coordinación permite dictar medidas de acción conjunta e información recíproca”, al amparo de lo cual “el Estado puede hacer leyes básicas por encima de las autonómicas”, pero remarca que, para determinar si ello entraría en conflicto con las competencias actualmente transferidas a las regiones, sería necesario estudiar detenidamente cada ley territorial “para ver el espacio de acción que queda”.

Para Blanco Valdés el asunto está mucho más claro y recuerda que, no en vano, en la etapa de la popular Ana Pastor como ministra de Sanidad y Consumo ya se aprobó la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del SNS, que sigue vigente con su modificación de 2021. “Desde mi punto de vista, no hay ninguna razón por la que no se puedan tomar medidas a nivel estatal. Es más, debería haber cosas que siempre tendría que regular el Estado. Ahora que se habla de la descentralización del sistema MIR, eso sería una catástrofe”, expresa.