Ministerio y autonomías estudian cómo agilizar los procesos de valoración de la dependencia

Redacción. Madrid
El Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia del mes de julio dejó, entre otros, el compromiso de analizar los procesos de valoración de las situaciones de dependencia con dos objetivos: ganar agilidad y transparencia y evaluar el desfase entre las previsiones establecidas cuando se puso en marcha la Ley de Dependencia y la realidad, siete años después.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato (en el centro, de azul), junto a los consejeros y altos cargos ministeriales antes de comenzar la reunión del Consejo Territorial del SAAD del pasado mes de julio.

Así, en una reunión celebrada este lunes en la sede del Imserso, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y autonomías han creado dos grupos de trabajo centrados en ambos objetivos. Por un lado, y según han explicado a Redacción Médica fuentes del ministerio, el primero de estos grupos se centrará en estudiar si es posible ganar en agilidad y transparencia en los procesos de concesión de valoración. En este punto el papel de la Administración General del Estado, a través del Imserso, será exclusivamente de coordinación, dado que la competencia de la valoración es propia de los gobiernos autonómicos.

El segundo de los grupos debe analizar los procesos de valoración para identificar las razones del desfase entre las previsiones establecidas en 2006 cuando se puso en marcha la Ley de Dependencia y la realidad actual, especialmente en lo que se refiere a la entrada de grandes dependientes en el sistema frente a la estimación que se hizo entonces. En todo caso, fuentes del ministerio han confirmado a Redacción Médica que este trabajo de análisis “no supondrá en ningún caso cambios en el baremo”.

Cabe recordar que según el informe de Evaluación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en 2012 presentado en el Consejo Territorial del pasado mes de julio, el 31,27 por ciento de las personas valoradas y con derecho a prestación (394.777) están localizadas en el Grado III, es decir, son grandes dependientes, lo que supone casi el doble de lo previsto en el Libro Blanco de la Dependencia de 2007. Aún así, a lo largo de 2012 el porcentaje de grandes dependientes cayó un 2,5 por ciento con respecto a las cifras registradas a 31 de diciembre de 2011, cuando este porcentaje se elevaba al 33,74 por ciento. Una caída que se ha mantenido en el tiempo, ya que según los últimos datos de gestión del SAAD, a 31 de julio de 2013 el número de personas valoradas con Grado III se sitúa en 375.230.