Los gerentes de Servicios Sociales denuncian el “retroceso y demolición” de la Ley de Dependencia

Enrique Pita / Imagen: Adrián Conde. Madrid
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha presentado en Madrid el X Dictamen del Observatorio de la Dependencia, y los datos que ha aportado son demoledores. Según ha denunciado su presidente, José Manuel Ramírez, “el Gobierno de Mariano Rajoy se ha retirado de la ley”, y es que, según sus cálculos, la aportación de la Administración General del Estado al presupuesto del sistema ha sufrido un recorte de 835 millones a raíz del Real Decreto-Ley 20/2012 que reformó la ley el pasado mes de julio.

Así, según Ramírez, el desequilibrio en el modelo de financiación que la asociación viene denunciando desde 2010 se ha ido incrementando hasta llegar al momento actual, que en 2012 ha supuesto que las autonomías hayan aportado más del 62 por ciento del coste efectivo de los servicios y las prestaciones económicas frente al 21,4 por ciento que aporta el Estado, que en 2010 aportaba el 39,2 por ciento.

José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, y Patrocinio De las Heras, presidenta de Honor de la asociación.

En este sentido, Ramírez ha denunciado la “falta de lealtad institucional” del Gobierno central con los gobiernos autonómicos, ya que “la obsesiva presión a las autonomías para que reduzcan el gasto público en todos los servicios esenciales y la imposibilidad de costear con aportaciones de los usuarios todas esas reducciones” está suponiendo, en la práctica, la “demolición” del Sistema de para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD).

La ley, en retroceso

Ramírez ha aportado, además, otros datos para afirmar que la ley ha entrado en una fase de “retroceso y demolición”. Así, según el informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en los últimos meses del año no se mantiene la tasa de reposición de beneficiarios; los recortes en el presupuesto se llevan a cabo en base a los fallecimientos; se ha ampliado los plazos para recibir atención a dos años y medio y se han recortado prestaciones y presupuesto.

Así, el único dato positivo que encuentra Ramírez es la caída en las solicitudes de valoración de grado de dependencia. Así, a lo largo de 2012 se presentaron un promedio mensual de 2.478 solicitudes, mientras que en 2010 el promedio era de 34.812. El total de solicitudes que figuran en el SAAD a finales de 2012 asciende a 1.639.990, lo que supone, sumado al promedio mensual, que “estamos tocando el techo en el número de personas dependientes”.

Sin embargo, el resto de indicadores son negativos. Más de 101.000 personas siguen esperando ser valorados, lo que sumado a que el número de solicitudes incorporadas mensualmente al sistema haya caído, supone a su modo de ver que la valoración “se ha estancado”, y ha denunciado que las autonomías no solo no están valorando, “sino que están revisando valoraciones anteriores”.

Quizá el dato más significativo, desde el plano negativo, sea el que hace referencia al limbo de la dependencia, es decir, aquellas personas con prestación reconocida pero sin un programa individual de atención (PIA) aprobado. A finales de diciembre de 2012 eran 230.203 personas, mientras que en enero del mismo año había 50.000 personas más con ese derecho reconocido y a la espera del PIA. Así, según denuncia la asociación, este descenso del limbo es tramposo, ya que está relacionado o bien porque han perdido el derecho con el retraso de la incorporación al SAAD de los dependientes moderados o han fallecido a la espera.