Los dependientes moderados se enfrentan a una nueva moratoria

Enrique Pita. Madrid
El Sistema de Dependencia y los servicios sociales tampoco escapan a los nuevos recortes que propone el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Entre las medidas más llamativas, destaca que el departamento de Montoro propone ampliar el plazo para la entrada en vigor de las prestaciones asociadas al reconocimiento del grado 1 de dependencia, es decir, mantener en suspenso la incorporación al sistema de los dependientes moderados, que de acuerdo con la reforma de la Ley de Dependencia acometida por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 2012 deberían incorporarse en enero de 2015. En este punto, el ministerio de Montoro propone también la adecuación del catálogo de servicios del Grado I “a las necesidades reales de los dependientes moderados”, además de “desarrollar los acuerdos alcanzados en el seno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia”.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

Además, también es significativo que Hacienda proponga la “aplicación efectiva de la contribución económica del usuario al sistema”, es decir, profundizar en el copago que soporta la persona en situación de dependencia. La Ley de Dependencia establecía ya desde su primer redactado que el dependiente copagaría parte del servicio, si bien no ha sido hasta el detonante de la crisis cuando realmente se ha hecho efectivo. Ahora, y pese a las quejas de los usuarios de los servicios sociales y el Sistema de Dependencia, Hacienda parece que quiere seguir en la línea de derivar parte del peso del coste de los servicios al usuario.

Por otra parte, algunas de las medidas van en la línea de las propuestas del Consejo Asesor de Sanidad para la creación del espacio sociosanitario. Así, por ejemplo se propone “adoptar las medidas necesarias para asegurar la adecuada profesionalización de los servicios y promoción de una línea adecuada”; “fomentar la coordinación sociosanitaria, tanto en el proceso evaluador como en el desarrollo y efectividad de las prestaciones y servicios reconocidos”, o establecer un catálogo mínimo de servicios y prestaciones sociales en el ámbito autonómico “que asegure su armonización”.

Otras medidas son “mejorar el baremo y su aplicación, estableciendo criterios comunes y evitando el acceso mediante procedimientos alternativos”; “promover una regulación común sobre la modulación de la intensidad de los servicios”; “definir adecuadamente el perfil profesional del evaluador de la situación de dependencia”; “optimizar el aprovechamiento de las estructuras prestadoras de servicios sociales con que cuentan las diferentes Administraciones Públicas”; “revisión de los servicios sociales prestados con medios ajenos mediante concierto, de su modelo de gestión y del coste asociado a los mismos” o el “cambio de modelo en la gestión de los viajes de la tercera edad”. Por último, Hacienda también propone algunas medidas en el campo de los sistemas de información, que permitan su extensión al conjunto de las administraciones, así como la ordenación de los flujos de información y la identificación de las partidas de ingresos y gastos en materia de dependencia.

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