La transversalidad de las políticas de autonomía personal, eje de la futura ley catalana

Redacción. Barcelona
El Ejecutivo catalán tiene encima de la mesa, desde finales de 2013, el primer borrador de la futura ley de autonomía personal en el que se sientan las bases que definirán una iniciativa de la que el Gobierno de Artur Mas viene hablando desde la anterior legislatura. Según ha explicado la actual consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, esta norma apostará por la transversalidad de los distintos aspectos que influyen en la autonomía personal, es decir, servicios sociales, sanidad, educación, inserción laboral, vivienda y accesibilidad.

Neus Munté, consejera de Bienestar Social y Familia.

El texto, que va a ser sometido a un proceso participativo en el que se quiere contar con los grupos parlamentarios, agentes sociales, proveedores y el conjunto de la ciudadanía, adoptará “nuevos fundamentos teóricos de referencia”, según Munté, que ha destacado conceptos como el establecimiento de una cartera de servicios “flexible, que permita ajustarse a las preferencias de los ciudadanos” o la simplificación de los procesos de gestión. Además, la nueva ley apostará por destacar las capacidades de las personas por encima de sus limitaciones o por acentuar la prevención, con el foco puesto no solo en los colectivos de riesgo, sino en el conjunto de la población.

Prestaciones económicas vinculadas a plazas residenciales

Por otra parte, Munté, que ha comparecido en la Comisión de Bienestar, Familia e Inmigración del Parlamento catalán, ha asegurado que el Gobierno de Mas quiere recuperar, “cuando la situación económica lo permita”, la concesión de nuevas prestaciones económicas vinculadas a la plaza residencial tras la interrupción “temporal” decidida el pasado año “a causa de la financiación deficiente por parte del Estado” y que, en cualquier caso, “no afectó a las personas que ya tenían reconocido el derecho a esta prestación”. Así, Munté ha asegurado que se va a comenzar a priorizar la asignación de esta prestación a personas en situación de especial vulnerabilidad económica.

Concertación de servicios sociales

Durante su intervención, Munté ha reiterado el compromiso del Gobierno catalán de “avanzar en el proceso de concertación de servicios sociales para contribuir a una mejora de la estabilidad de las finanzas de las entidades que prestan servicios sociales”. Así, la consejera ha anunciado que el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass) “se compromete a desarrollar un plan para la concertación progresiva de plazas de servicios para personas con discapacidad, de forma que en un plazo de tres años el 100 por ciento de las plazas sean vía concierto”.

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