La mitad de las autonomías suspenden en la aplicación de la Ley de Dependencia

Enrique Pita. Madrid
Cantabria, Asturias, Aragón, Madrid, Murcia, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y Ceuta y Melilla suspenden en la aplicación de la Ley de Dependencia, según el X Dictamen del Observatorio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Si bien son menos que en el anterior dictamen (en junio eran 10, contando las ciudades autónomas), es preocupante constatar cómo la media estatal de aplicación de la norma, según el baremo empleado por la asociación, continúa a la baja y se sitúa en 4,72, dos décimas menos que en junio.

Pero la lectura de los datos realizada por el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, arroja un análisis aún peor. Según ha explicado, la Comunidad Valenciana (0,8 puntos), Canarias (2,1) y Baleares (2,5) “son un desastre”. Como ejemplo, Ramírez ha recalcado el hecho de que en la comunidad canaria el limbo de la dependencia, es decir, las personas con derecho reconocido pero a la espera de la aprobación de la prestación, superan a las personas que son atendidas. Además, ha señalado que Aragón y Castilla-La Mancha, que tradicionalmente se han mantenido por encima de la media nacional en los estudios de la asociación, han bajado dramáticamente su puntuación, lo que implica, a su modo de ver, que se está acabando con el sistema en ambas regiones. Así, en diciembre de 2011 ambas autonomías compartían una nota de 7,1 puntos, mientras que ahora Castilla-La Mancha obtiene un 5,8 y Aragón suspende por primera vez, y lo hace sin paliativos, obteniendo un 3,8.

El caso contrario son Castilla y León, que continúa por encima del 9 liderando la estadística; País Vasco y Andalucía, que superan el 7, y La Rioja, que obtiene un 6,7. Especialmente significativos son los casos de Navarra y Galicia, donde según Ramírez se han hecho “buenos esfuerzos” por mejorar en la aplicación de la ley y han pasado del suspenso a aprobar con un 5,4 y 4,8 respectivamente. Según ha denunciado Ramírez, el problema no está solo en las autonomías. “Con los recortes aprobados por el Gobierno central las comunidades no pueden mantener la atención”. Pero, además, asegura que los recortes “perjudican más a quien mejor lo está haciendo”.