Asunción Sánchez Zaplana, consejera de Bienestar Social.
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Redacción. Valencia
El Grupo Popular en las Cortes Valencianas ha aprobado en solitario la Ley de Medidas Fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat para 2015, conocida como Ley de Acompañamiento, que a efectos prácticos supone la incorporación de la tasa del copago de centros o residencias para mayores y personas con discapacidad y especifica que la cuantía se calculará en función del coste del servicio y de la capacidad económica del usuario. Desde la oposición se ha criticado el uso de este trámite porque permite legalizar el copago sin pasar por el estudio de los órganos consultivos de la Generalitat y sin memoria económica.
De esta forma, las aportaciones económicas que hacen los usuarios tendrán la consideración de tasa y no de precio público, que es como hasta ahora estaba regulado. Así se ha decidido tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que anuló el decreto del Gobierno autonómico en el que se fijan los precios públicos del copago de servicios sociales para mayores y discapacitados no dependientes.
En este sentido, el portavoz de EUPV, Ignacio Blanco, ha asegurado que tras las elecciones de mayo de 2015 “una mayoría decente” derogará este “repago”. En respuesta a esta intervención, la diputada popular Maritina Hernández ha reprochado tanto a socialistas como a EUPV que en Andalucía, donde ambas formaciones gobiernan, lo están aplicando. La parlamentaria del PP ha afirmado también que se han introducido “mejoras en forma de tasas pactadas con el sector”.
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