El Govern catalán rechaza priorizar los pagos a ancianos con gran dependencia

Artur Mas, presidente de Cataluña.

Redacción. Barcelona
El Govern catalán ha emitido un informe desfavorable para la tramitación de una iniciativa legislativa popular (ILP) para que la Generalitat priorice por ley los pagos a ancianos con gran dependencia institucionalizados en sus presupuestos y no pueda repetir impagos de conciertos como los de julio, de 70 millones de euros, que aún no han sido sufragados.

El informe negativo que ha transmitido el Govern a la Mesa del Parlament destaca que la aprobación de esta ILP "comportaría un aumento de gastos en el presupuesto vigente", por lo que no se muestra conforme a su tramitación.

Esta iniciativa social fue presentada en el Parlament por la Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad) el pasado 5 de marzo, y ahora la Mesa de la cámara debe admitirla o no a trámite en base a criterios jurídicos.

Los directores de residencias pretenden blindar por ley los pagos a los ancianos que cuentan con el mayor grado de dependencia --grado 3, niveles 1 y 2--, entendiendo que representan "uno de los eslabones más débiles de la sociedad, por lo que debería ser una prioridad proteger sus derechos básicos", según ha explicado el vicepresidente de Ascad, Iñaki Anton.

Pero el Govern alega en su informe que "en caso de falta de crédito en el presupuesto, sería necesario un suplemento de crédito o un crédito extraordinario", lo que, según el Ejecutivo catalán, podría tener efecto en las cuentas de este año.

Uno de los requisitos para que una ILP sea admitida a trámite por la Mesa del Parlament es que la iniciativa no tenga un impacto directo en los presupuestos de la Generalitat del año vigente, algo que, según el Govern, no ocurre en el caso de la propuesta de los directores de residencias.

El informe subraya que el Estado ha reducido su aportación a ley de dependencia en Cataluña hasta los 206 millones en 2013, mientras que el año anterior aportó 243, aunque inicialmente se había comprometido a abonar 275, lo que supone "un gran esfuerzo" para la Generalitat, que debe compensar esta tendencia con recursos propios.

Margen de maniobra

El Ejecutivo catalán también alega en su informe que la ILP propuesta por los directores "comportaría el establecimiento de una nueva restricción en el margen de maniobra con el que se puede actuar en la gestión de la tesorería", lo que podría suponer tener que pagar antes los conciertos sociales que las nóminas de los funcionarios.

"El Govern debe valorar cada mes las prioridades de pago en base a las obligaciones legales y a los compromisos existentes", añade el documento, que afirma que el hecho de que el pago de las prestaciones a grandes dependientes sea muy importantes no significa que se deba imponer por ley.

El texto concluye que "las prioridades que se siguen en los pagos priorizan, en primer lugar, las obligaciones financieras", que van seguidos de las nóminas y, en tercer lugar, de los compromisos con el sector social con carácter finalista.

Para Antón, los argumentos que utiliza el Govern para rechazar la ILP suponen "un delito tácito", pues el Ejecutivo admite que las partidas presupuestadas para atender a grandes dependientes podrán destinarse a pagar otras cosas si hay tensiones de tesorería. "Es inconcebible que el Govern rechace blindar estos pagos esenciales y priorice las nóminas y los créditos", ha criticado Antón, que ha confiado en que finalmente la Mesa del Parlament admita a trámite la propuesta la próxima semana.

La situación en los centros sociosanitarios concertados es límite en Cataluña. Como ya contara Helena Ris a Redacción Médica, la deuda con los mismos supera los 800 millones de euros, y ya han sido informados de que sus presupuestos se verán reducidos, al menos en el ámbito sanitario, hasta un 10 por ciento.