Dependencia: Sanidad y las CCAA suben un 5% el nivel mínimo de protección

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónoma han aprobado, en el Pleno del Consejo Territorial de Dependencia, la actualización de las cuantías del nivel mínimo de protección, aumentándolas en más de un 5 por ciento.

En este sentido, el grado I de dependencia pasa a 47,38 euros; el grado II de dependencia a 84,49 euros; y el grado III se incrementaría hasta los 190,13 euros. “Gracias a la recuperación, podemos fortalecer nuestro sistema de protección social, un pilar esencial que garantiza la cohesión de nuestro país”, ha subrayado Dolors Montserrat en esta cita.

Por otro lado, el Pleno ha acordado la modificación de los criterios de acreditación con el objetivo de mejorar la estabilidad en el empleo de los cuidadores que prestan sus servicios en centros o instituciones sociales, con dos medidas fundamentales: eliminar el límite de edad para la habilitación excepcional (antes estaba prevista para trabajadores de 55 años o más que acreditaran determinada experiencia, ahora para todos) y establecer una habilitación provisional para personas que habiendo trabajado, no cumplan con el requisito de la experiencia, y se comprometan a participar en los procesos de acreditación hasta el 31 diciembre de 2022.

También en relación a la Dependencia, se ha acordado una mejora importante de la atención que se presta a las personas con dependencia: añadir a los servicios de teleasistencia tradicionales elementos tecnológicos que van a permitir prestar una atención más completa a la persona, dentro y fuera de su domicilio, como por ejemplo detecciones de caídas, geolocalizaciones o servicios de telediagnóstico.

La ministra ha subrayado la importancia de que, desde que la Ley de Dependencia entró en vigor hace diez años, es la primera vez que Gobierno y autonomías realizan un análisis conjunto de la situación del sistema.

Sobre este informe, Dolors Montserrat ha puesto en valor que es “un análisis que se ha llevado a cabo desde el diálogo y priorizando en todo momento la búsqueda de consensos”, al tiempo que ha destacado las tres principales conclusiones: que el sistema de dependencia debe caminar siempre hacían un sistema basado en servicios; el compromiso de hacer un análisis de la perspectiva de género; y la necesidad de avanzar en una revisión normativa del Sistema para responder mejor a las necesidades de los ciudadanos.