Redacción. Madrid
El presidente de la Fundación Edad&Vida, Eduardo Rodríguez Rovira, ha asegurado este jueves, durante su participación en el Foro Servimedia Comunicación sobre colaboración público-privada, que la confusión que se produce entre los términos externalización y privatización pone freno a este modelo de gestión en España.
Foto de familia del Foro Servimedia Comunicación.
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Rodríguez Rovira se ha mostrado satisfecho por la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que avala la posibilidad de que cualquier servicio público, en este caso el de la sanidad, sea gestionado por un tercero o por una empresa privada, siempre que la gestión del servicio en su conjunto permanezca bajo el control y la autoridad de la Administración.
En este sentido, el presidente de la Fundación Edad&Vida ha afirmado que la gestión privada es “perfectamente viable” cuando produzca eficiencia y siempre que se separe la titularidad y la financiación pública de la provisión de los servicios. “Es necesario un cambio de mentalidad y un rearme moral para que nos atrevamos a hablar de colaboración público-privada y que no se convierta en un tema tabú”, ha indicado.
La colaboración público-privada es eficiente
Asimismo, ha dicho que la opinión pública se tiene que dar cuenta de que la colaboración público-privada “es buena para el contribuyente” por su mayor eficiencia en la prestación del servicio. “Los ciudadanos tienen que saber que en un sistema de colaboración público-privada los usuarios no distinguen si se trata de un servicio público o privado porque los servicios van a seguir siendo de la misma calidad o mejores que los que tenían antes”.
Para Rodríguez Rovira, la colaboración público-privada “tiene que ir a más”, ya que en muchos sectores y en el sanitario en concreto “se está produciendo una obsolescencia técnica que va a obligar a la Administración a colaborar cada vez más con el sector privado”.
Según los datos facilitados por el presidente de la Fundación Edad&Vida, en la actualidad el 40 por ciento de las intervenciones quirúrgicas, el 57 por ciento de las resonancias magnéticas y el 37 por ciento de los TAC se realizan fuera de la sanidad pública.
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