La sanidad penitenciaria, en lista de espera

15 años, dos meses y 14 días… Es el tiempo transcurrido, cuando escribo estas líneas, desde que se debió resolver un problema sanitario que permanece aún sin visos de solución a corto plazo.

El 1 de diciembre de 2004 tenía que haberse dado cumplimiento al mandato contenido en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y proceder a la transferencia  de los servicios sanitarios  dependientes de instituciones penitenciarias a las comunidades autónomas para su integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud.

Más de quince años después, solo Euskadi y Cataluña tienen transferida esta competencia mientras que las personas privadas de libertad que se encuentran en prisiones del resto del Estado sufren las negativas consecuencias de esta grave asignatura pendiente que repercute en la calidad y seguridad de la atención sanitaria que reciben.

La lamentable realidad es que coexisten dos sistemas sanitarios públicos que están desarrollando sus funciones de forma paralela, duplicando, en ocasiones, recursos, y que no mantienen unos canales de comunicación y coordinación adecuados. Por ello, las personas privadas de libertad no disfrutan de una asistencia en condiciones homologables a la que reciben el resto de ciudadanos, vulnerándose así los principios de igualdad  y equidad en la atención sanitaria.

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"Los profesionales sanitarios que prestan sus servicios en las prisiones sufren unas cada vez más penosas condiciones laborales que perjudican su salud y seguridad personal"

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De manera paralela, los profesionales sanitarios que prestan sus servicios en las prisiones sufren unas cada vez más penosas condiciones laborales que perjudican su salud y seguridad personal. Dentro de los graves problemas a los que se enfrentan  diariamente  las enfermeras y enfermeros, así como sus compañeros médicos, destaca el déficit de personal. Hay de media solo una enfermera o enfermero para atender a 100 presos.

Son profesionales, además, cuyo trabajo se desarrolla en un entorno laboral que reúne especiales condiciones de peligrosidad y penosidad,  y que están siendo obligados a realizar funciones que no les corresponden, como la asistencia de graves urgencias (sobredosis de drogas, intentos de ahorcamiento, autolesiones, cardiopatías isquémicas, insuficiencias respiratorias…)

Se han convertido en profesionales sanitarios “para todo”, que tienen que estar en una permanente situación de disponibilidad y, en algunos casos, a tener que desplazarse hasta 100 kilómetros cuando son requeridos.

Además, no pueden disfrutar, en muchas ocasiones, de los periodos de descanso adecuados después de sus jornadas de guardia.

Una preocupante situación que entendemos que cambiaría si se procediese finalmente a la transferencia  de los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias a las comunidades autónomas.

En los últimos años se han sucedido distintas iniciativas parlamentarias con este objetivo por parte de todos los partidos políticos, incluido el que sustenta el actual Gobierno, el cual, en boca de su ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado también el compromiso de impulsar la transferencia de la sanidad penitenciaria.

De todas formas, y como dice el antiguo refrán, dos no riñen si uno no quiere, y, en este caso, la predisposición de los gobiernos autonómicos para gestionar la sanidad penitenciaria resulta decisiva. Lo cierto y verdad es que, entre unos y otros, la solución a esta situación que afecta tanto a las personas privadas de libertad como a los profesionales sanitarios sigue en 'lista de espera'.

Gobierno y comunidades autónomas deben buscar el interés común y dar el paso necesario, de una vez por todas y en los próximos meses, para dar el portazo definitivo a un problema enquistado desde hace tanto y tanto tiempo.