Sr. presidente, a mí no me engaña

Dice Hermann J, Steinherr que “las metas son el resultado final de una larga y dura lucha que se forma con el fruto de todos los esfuerzos”. Viene esta frase al hilo de las declaraciones efectuadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el diario El País, en las que afirmaba que se aprobaría una ley que hará fijos a más de 67.000 sanitarios. Una no verdad a medias que debemos aclarar.

Las administraciones públicas españolas, tanto la central como las autonómicas, locales o diputaciones, son de forma habitual empleadoras de trabajadores temporales, empleadoras de trabajadores precarios, trabajadores a los que no se aplican los derechos más básicos. Es muy evidente en todas las administraciones y, especialmente abusivo, en el sector sanitario. La tasa de temporalidad en sanidad supera el 40%, es especialmente elevada entre los facultativos del Sermas, incluso en este los hay que llegan a superar el 85% (médicos de urgencias hospitalarias).

Ante la situación que se generó y la nula respuesta por parte de las administraciones, interesadas en mantener esta situación, interesadas en este modelo que permite discriminar y retribuir de forma diferente a los fijos y no fijos, a los que se impide acceder a la carrera profesional, por ejemplo, incluso se llegó a impedir cobrar trienios, salvo sentencia judicial, a los que se impide poder estabilizar su plaza, trasladarse, progresar en su desarrollo profesional, etc., desde Amyts allá por el año 2016 y de la mano del letrado Javier Araúz, se inició y apoyó lo que se vino a llamar la “vía europea contra la precariedad”, un camino judicial que pretendía hacer llegar a la Justicia Europea -TJUE- la situación de abuso que se vive en España.

A través del despacho de este letrado, no solo para el Sermas, también para otros muchos empleados públicos de diferentes administraciones y con diferente relación laboral (funcionarios, laborales y estatutarios), se iniciaron demandas judiciales que buscaban la solución a la precariedad con sentencias que declarasen la fijeza y se determinara la indemnización o sanción por el abuso de temporalidad.

Fruto de estas demandas llegaron las primeras cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales de justicia españoles ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; y fue a raíz de una de estas cuestiones prejudiciales planteadas en Madrid, en un caso del Sermas, el 'caso Sánchez Ruiz', que el 19 de marzo de 2020 se dicta una sentencia por parte del TJUE que da origen a la posterior cascada de acontecimientos que terminan con el denominado 'Icetazo' y la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Consecuencia del desarrollo de lo establecido en esta Ley 20/2021 son las llamadas a la “estabilización” de los empleados públicos en fraude de ley, en claro abuso de temporalidad, las posibles convocatorias de acceso a la fijeza mediante concursos de méritos y no las clásicas oposiciones o concursos oposición. Una vía excepcional, otra vez la excepción como en el año 2001, para poner fin a la alta temporalidad que generan las diferentes administraciones y su incapacidad o, más bien, su intención de mantener en precario a gran parte de sus empleados públicos.

De esto es de lo que hablaba el presidente en la entrevista en el periódico, de cómo para culminar este proceso había que modificar el Estatuto Marco y esta modificación se llevaría al consejo de ministros. No creo que el presidente oyera campanas y dijera lo que dijo por error, ni mucho menos, eran declaraciones de autobombo y colgarse medallas que no le corresponden. Son las CCAA, en especial en el caso de sanidad los diferentes servicios de salud, quienes harán los procesos de estabilización, no el gobierno central (también ellos en el caso de empleados de la administración central del estado).

Por tanto, no hay medallas que colgarse, todo lo contrario. Lo que hay es una dura batalla ganada por quienes empezaron a decir basta ya, creyeron en la vía europea, han peleado por llegar a poner límites a la precariedad y han pagado de sus bolsillos los procedimientos judiciales que han hecho posible este final. Ahora no es de recibo que ni el gobierno ni los grandes sindicatos que “negocian” con él, se quieran apuntar los méritos que no les corresponden y que, me atrevo a decir, posiblemente se han logrado muy a su pesar.

Sé que esta Ley 20/21 será muy beneficiosa para una gran cantidad de profesionales en abuso de temporalidad, que hará posible adquirir la condición de fijos a miles de profesionales, que, de forma transitoria, si transitoria, bajará la temporalidad, pero también estoy convencido de que volveremos a sufrir de nuevo la desidia y dejadez de las administraciones y de nuevo la subida indecente de la temporalidad, espero que en menor medida por la limitación temporal que se pondrá a la interinidad. No será del agrado de todos, generará muchas injusticias, enfrentamiento de unos contra otros, una judicialización segura, mucha alegría en unos y descontento en otros.

Termino completando la frase del inicio con un final que me atrevo a incorporar a la frase de Hermann J, Steinherr: “Las metas son el resultado final de una larga y dura lucha que se forma con el fruto de todos los esfuerzos…de los abusados, de su pelea judicial, su esfuerzo económico, los apoyos iniciales a Javier Araúz y sus planteamientos, pero no de los gobernantes y los representantes legítimos de los trabajadores (con excepciones, entre ellas AMYTS, no por ser “el mío”, que apostó desde el inicio por esta “vía europea”)”. Sr. presidente, a mí no me engaña.