En materia de sanidad hemos presentado un conjunto de resoluciones que pretenden recuperar un consenso necesario para los profesionales, los agentes del sector y los usuarios de los servicios sanitarios.
Proponemos recuperar el carácter universal del derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria a todos los ciudadanos, incluyendo a los inmigrantes en situación irregular y los españoles que salgan de España, derogando lo establecido al efecto en el Real Decreto-Ley 16/2012 y las disposiciones que niegan ese derecho a los que se desplacen fuera de España por tiempo superior a 90 días.De igual forma, proponemos una cartera única de prestaciones sanitarias y suprimir de nuestro ordenamiento jurídico los copagos introducidos por el Gobierno, vinculados a las distintas prestaciones del Sistema Nacional de Salud, así como derogar la exclusión de medicamentos de la cobertura del sistema público, sustituyendo los ahorros por esas medidas por un proceso de subasta de medicamentos similar al impulsado por el Gobierno de la Junta de Andalucía, que asegure el suministro al sistema sanitario público español de aquellos principios activos no sometidos a protección de patente y que permita generar un ahorro de, al menos, 1.500 millones de euros anuales.
Pedimos también elaborar un informe sobre el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno con el Real Decreto Ley 16/2012 en la salud y en la economía de las personas y de las familias. Dicho informe se presentará antes de 6 meses al Pleno del Congreso de los Diputados para su valoración y eventual adopción de medidas.Sobre listas de espera, queremos elaborar con las comunidades autónomas un plan de choque contra las listas de espera quirúrgica, de consultas externas y de acceso a pruebas diagnósticas, y definir nuevas garantías de tiempos de respuesta que no pongan en riesgo la salud de los pacientes afectados. Dicho plan de choque deberá incorporar un presupuesto específico por parte del Ministerio de Sanidad.
Creemos necesario poner en marcha los mecanismos necesarios para garantizar que las listas de espera se gestionen bajo el principio de transparencia; así como establecer que la información relativa a las mismas se publique con periodicidad mensual.Es necesario también optimizar la gestión de los recursos y la capacidad de resolución del SNS, especialmente potenciando la atención primaria y la coordinación entre niveles asistenciales, de forma que se evite el incremento de las listas de espera y la externalización de servicios sanitarios.
Proponemos paralizar y revertir los actuales procesos de privatización de la gestión de los hospitales y centros de salud públicos impulsados en determinadas comunidades autónomas, elaborando un nuevo marco normativo que derogue la ley 15/97, con la adopción de una nueva Ley General de Sanidad.Esta Ley deberá abordar criterios para el buen gobierno y gestión del Sistema Nacional de Salud, de tal forma que avance en mayor autonomía de gestión, en el fomento de la gestión clínica, en la introducción de órganos colegiados de gobierno a todos los niveles ante los que deban responder los gestores, en la obligatoriedad de la transparencia, en la regulación de los conflictos de interés o en la definición de mecanismos eficaces contra el fraude y la corrupción.
Muy relevante es nuestra propuesta de un Pacto por la innovación sanitaria en el Sistema Nacional de Salud para que la incorporación de nuevas terapias y pruebas y tecnologías diagnósticas se haga de forma que se permita actualizar la cartera de servicios de manera ágil y con criterios de evidencia científica, eficacia, eficiencia y coste-efectividad. Pacto entre grupos parlamentarios, sociedades científicas, CCAA y agentes del sector sanitario que haga viable no quedarnos atrás en materia de innovación de tecnologías sanitarias y medicamentos.También pedimos actualizar el sistema de precios de referencia de medicamentos en el plazo de tres meses para ahorrar unos 400 millones anuales.
Finalmente, proponemos mantener en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud la reproducción humana asistida sin discriminar ni limitar el acceso a tratamientos de fertilidad a algunas mujeres (sin pareja masculina).Es de esperar que el Partido Popular apoye estas propuestas. Si no es así, el pacto al que tanto alude Ana Mato será imposible.