La decisión de imponer un copago a los medicamentos dispensados en los servicios de farmacia de los hospitales a los pacientes no hospitalizados es una decisión injusta y equivocada.
Son fármacos de elección para el tratamiento de enfermedades graves o crónicas como diversos tipos de cáncer, hepatitis C y otras.
El hecho de que sean fármacos para enfermedades graves hace que la decisión difícilmente vaya alcanzar el objetivo de ahorro o de moderación de consumo con el que justifican habitualmente los defensores del copago este tipo de medidas.
Eso sí, genera una nueva barrera de acceso para determinado colectivo de pacientes y ciudadanos que se caractericen por tener pocos recursos.
Es reprochable la incapacidad de Ana Mato para alcanzar un acuerdo con las comunidades autónomas que de manera bastante generalizada manifiestan su desacuerdo con este nuevo copago.
Es también reprochable que Ana Mato no comunicara en el Congreso de los Diputados la publicación de la medida en el Boletín Oficial del Estado, ya que la tarde anterior a dicha publicación comparecía en la Comisión de Sanidad.
Ocultar a todos los grupos parlamentarios de manera consciente esta decisión es un desprecio a la transparencia.
Organizaciones profesionales, asociaciones de pacientes o comunidades autónomas han manifestado su desacuerdo y deben ser escuchadas.
Difícilmente se aplicará esta medida en todo el sistema sanitario. En unos territorios sí y en otros, no. Ello generaría una nueva inequidad que perjudicaría a los pacientes que residan en las comunidades gobernadas por el PP que no se atrevan a rechazar la medida.
Estaría bien que Ana Mato rectificara esta decisión y tomase nota definitivamente del pésimo asesoramiento técnico y político que le acompaña en el Ministerio.
De nuevo se ha dejado meter en un lío.
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