Solo Andalucía y Asturias dan a los ‘sin papeles’ una atención igual a la del resto de población

Jesús Vicioso. Madrid
Miles de inmigrantes en situación irregular y sin recursos no pueden acceder a la sanidad en España y sólo en Andalucía y Asturias se equiparan sus derechos sanitarios con la del resto de la población residente. Médicos del Mundo denuncia, en su informe 'Dos años de reforma sanitaria: más vidas humanas en riesgo', a propósito del segundo aniversario de la reforma sanitaria del Gobierno, que hay pacientes cuya atención y curación dependen de la comunidad en la que viven.

Es un "mapa de parches", según la organización, que denuncia que sólo diez regiones han dispuesto medidas para proporcionar tarjeta sanitaria a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular y que estén sin recursos. Y sin cédula , “resulta casi imposible aplicar protocolos en casos con riesgo para la salud pública”, tal y como recoge el documento.

Los consejeros de Andalucía y Asturias, María José Sánchez Rubio y Faustino Blanco.

La ONG tiene constancia de más de 1.000 casos documentados sobre algún tipo de vulneración al derecho a la salud desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 16/2012, la mayoría protagonizada por personas en situación administrativa irregular a quienes se les ha negado la tarjeta sanitaria o el acceso a alguno de los programas especiales creados por las autonomías. De las 10 comunidades “abiertas” a emitir tarjetas, ocho lo hacen mediante programas especiales específico para el colectivo de personas no aseguradas ni beneficiaras sin recursos (Aragón, Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia y Valencia). Sólo dos regiones, Andalucía y Asturias, reconocen el derecho a la atención sanitaria en condiciones iguales al resto de la ciudadanía. En el resto, ya sin cédulas, se han definido condiciones de acceso a la atención médica, pero en determinados supuestos que no siempre coinciden y con criterios divergentes.

La organización critica que la existencia de los programas especiales diseñados por regiones no garantiza, sin embargo, ni la universalidad en el acceso a la salud para los pacientes en situación de irregularidad, ni tampoco la equidad territorial. La razón es que los requisitos son distintos en cada una de las autonomías, y la disparidad es más que significativa: mientras que en Asturias, por ejemplo, un inmigrante en situación irregular puede solicitar su tarjeta sanitaria en cualquier centro de salud con el simple documento de inscripción en el padrón, en Cataluña se limita el acceso a la atención primaria o a programas de especial interés sanitario a quienes se hayan empadronado en un plazo de entre tres meses y un año antes de la solicitud. Además, en esta autonomía, para acceder a la atención especializada hay que llevar inscrito al menos un año.

Así las cosas, Médicos del Mundo destaca en su informe que resulta “prácticamente imposible” la detección temprana de enfermedades con riesgos para la salud pública “si las personas no acceden a la atención primaria”.

Recursos
La reforma sanitaria de abril de 2012 tiene seis recursos de inconstitucionalidad originados desde las propias comunidades (Navarra, Andalucía, Asturias, País Vasco, Canarias y Cataluña). Y detrás de esta burocracia autonómica hay, denuncia la ONG, personas con rostro y dolencias que no entienden ni de papeles ni de dinero. Médicos del Mundo posee información de mujeres embarazadas y menores de edad a los que se les ha negado el acceso sanitario o que simplemente reciben información errónea sobre sus derechos, pero también a los que se les factura la atención prestada. “Hoy en día, siguen sucediéndose los casos de personas a quienes se obliga a firmar un compromiso de pago antes de ser atendidos en los servicios de urgencias o que reciben una factura con posterioridad y se ven obligados a reclamar su anulación”, indica el documento.

Pero no todos los afectados acuden a la organización, y la entidad lamenta los “silencios” de las personas que callan y no hacen públicos sus casos. “Las personas que acuden a nuestros programas sólo son la punta del iceberg”. Dos años después de la reforma sanitaria promulgada por el Ejecutivo de Rajoy, Médicos del Mundo concluye su informe con la exigencia de su retirada, porque no se justifica “ni desde el punto de vista de los derechos humanos, ni económico, ni de salud pública, ni desde la ética médica”.

“El Gobierno español debe restituir el modelo sanitario acorde con el principio de Universalidad de la asistencia sanitaria”, concluye el informe de Médicos del Mundo.