Imagen tomada durante la Asamblea. |
Acerca del primer asunto, la declaración de la OMC señala que “es necesaria la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el supuesto de malformación grave o enfermedad incompatible con la vida del feto en equilibrio con lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificado por España en 2008”.
Mientras, sobre la objeción de conciencia, los colegios de médicos opinan que solo “se puede admitir en acciones directas y no debe incluir actuaciones indirectas”. En este sentido, piden al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón que elimine de la redacción del anteproyecto la expresión “colaborar”, dejando “abstenerse, por razones de conciencia, de participar en la interrupción voluntaria del embarazo...”.Por otra parte, la OMC advierte de la “inequidad” que supone la reciente entrada en vigor de la transposición de la Directiva europea relativa a la Asistencia Sanitaria Transfronteriza con la reforma del aborto, ya que con la primera se permitirá que cualquier ciudadana española que desee interrumpir el embarazo en los plazos que establecen los respectivos países de la UE, salvo Irlanda y Malta, pueda hacerlo donde desee asumiendo los costes que eso conlleva, en lugar de hacerlo gratuitamente en España.
Píldoras gratuitas y aceptación de los dos informesDe la declaración también destaca la petición de acceso gratuito a la píldora anticonceptiva (no se especifica de qué tipo) y la aceptación de que sean necesarios dos informes psiquiátricos para acceder a la IVE financiada. “La responsabilidad de certificar un ‘grave peligro para su salud psíquica’, salvo en el supuesto de existencia previa de patología psiquiátrica grave, realizado por dos médicos como condición para poder interrumpir el embarazo en los plazos previstos queda en manos del criterio de cada profesional. No es aceptable que una decisión tan importante quede en manos de terceros”, indica el manifiesto, del que se ha eliminado la petición de dejar en uno en lugar de dos el número de informes necesarios.
No obstante, la OMC subraya que “la mujer que por distintas circunstancias decide interrumpir voluntariamente su embarazo no ha de ser considerada ni definida de antemano como una enferma mental”.