Los médicos, en pie de guerra contra Volkswagen por un posible delito contra la salud pública

Redacción. Madrid
El Grupo Volkswagen podría haber cometido un delito contra la salud pública según la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) y la Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA). Así lo han manifestado en un reciente comunicado, donde recuerdan que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado reiteradamente de que la contaminación atmosférica es uno de los principales riesgos ambientales para la salud, contribuyendo en millones de muertes prematuras al año en el mundo.

Beatriz González López-Valcárcel, presidenta de Sespas.

Los médicos agregan que la manipulación de motores diésel desde 2008 mediante la instalación de un software que oculta los verdaderos niveles de emisión de los vehículos que incumplen los límites legales de óxidos de nitrógeno (NOx). Estos límites contribuyen a la presencia en el aire de dióxido de nitrógeno, ozono troposférico y partículas finas respirables cuya exposición se asocia con efectos severos en la salud de la población, como el incremento de las crisis asmáticas y otras enfermedades respiratorias.

Sespas y SESA advierten de que es posible que el fraude se extienda a otros fabricantes, puesto que reducir las emisiones de NOx en los motores diésel para cumplir los estándares legales resulta tan costoso que no sería rentable comercializar un parque de vehículos que supone más de la mitad en Europa y más de dos tercios en España.

Por ello, exigen que se cree un órgano de carácter público e independiente con funciones de verificación y control similares a las de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos. Esta agencia federal independiente de los intereses de la industria ha sido la que ha destapado el caso. En Europa, en cambio, la Agencia Europea de Medio Ambiente no tiene competencias para intervenir en el cumplimiento de las normas, y "su labor es ofrecer información sólida e independiente sobre el medio ambiente".

Además, ambas sociedades manifiestan que los intereses empresariales no deben prevalecer sobre valores tan básicos como el bienestar y la salud de la población, por lo que consideran que iniciativas como el TTIP deben ser rechazadas.
Por último, expresan su deseo de que se cumpla la ley y de que quien la haya incumplido pague las consecuencias y se dé prioridad a la salud pública y ambiental frente a otros intereses.

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