El pacto por la sanidad, de nuevo estancado

María Márquez. Madrid
El Grupo Socialista ha llevado este miércoles al Congreso su Proposición de Ley (PL) sobre universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública. Un ultimátum, como avanzó José Martínez Olmos a Redacción Médica, para que el pacto político por la sanidad sea un hecho. El Grupo Popular se ha opuesto (con 170 votos en contra) a que el inmigrante ilegal recupere la asistencia sanitaria completa en nuestro país. Esto significa que el acuerdo entre las dos fuerzas políticas mayoritarias en la futura Comisión de Sanidad y Servicios Sociales es inviable.

José Martínez Olmos defendiendo o su proposición de ley.

Las cifras de la deuda de Mato

“Encuentre una fórmula para lo que usted pide en esta PL sin poner al Sistema Nacional de Salud en un grave problema de insolvencia”. Es la invitación realizada por el portavoz ‘popular’ Rubén Moreno al portavoz socialista de Sanidad, José Martínez Olmos, quien unos minutos antes ha vuelto a llevar a la Cámara Baja la necesidad de revertir el contenido del Real Decreto 16/2012. Martínez Olmos ha defendido que la universalidad en el SNS se ha perdido “por razón de ciudadanía” y que la exclusión del inmigrante de la asistencia sanitaria ha convertido al sistema en “menos equitativo que hace dos años”. También se ha referido el portavoz socialista al ámbito financiero para reprochar al Gobierno que desde 2012 se ha generado una deuda sanitaria de 19.000 millones de euros (9.000 millones en 2012; 7.000 millones en 2013; y 3.000 millones de euros en 2014), en alusión al ataque sempiterno del Gobierno sobre la que ha “heredado” de la gestión del Ejecutivo socialista (16.000 millones de euros). “Si no se acepta esta PL, no va a ser posible el pacto en la futura Comisión de Sanidad”, ha advertido Martínez Olmos, al tiempo que ha pronosticado que al acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y los profesionales sanitarios tampoco le espera un final feliz. “Se romperá porque una parte importante de ese acuerdo es que se reconozca de nuevo la sanidad universal”, ha apuntado.

Rubén Moreno, durante su intervención en el pleno.

El resto de grupos parlamentarios han anunciado su apoyo sin fisuras a la propuesta socialista. Rosa Díez, portavoz de UPyD, ha asegurado que “es falso que el inmigrante ilegal utilice más que nadie la sanidad”, de ahí que no comparta los criterios economicistas con lo que se elaboró el 16/2012. En esta línea se han pronunciado también los portavoces del Grupo Mixto (Rosana Pérez, Sabino Cuadra, Uxúe Barkos) y el del Grupo Vasco, Joseba Egirretxea, para pedir la derogación del citado Real Decreto.

Gaspar Llamzares, portavoz de Sanidad de Izquierda Plural, ha advertido al Gobierno que “será el responsable de haber roto el pacto por la sanidad” ya que este no podrá fructificar “si no se recupera la lealtad al SNS”. Como Martínez Olmos, Llamazares se ha referido a la deuda generada en los años de Gobierno ‘popular’ para cifrarla en 4.500 millones anuales. “Reconocen que hacen frente a la deuda de 16.000 millones de euros y a 9.000 millones más”, ha dicho en alusión a una respuesta parlamentaria del Ejecutivo. Por su parte, Conxita Tarruella ha pedido que se “corrija” en el Real Decreto las medidas que no se han materializado como el copago hospitalario o los que se han echado atrás (transporte sanitario no urgente, prótesis). Además, Tarruella ha echado en cara al Ministerio el no haber proporcionado una “evaluación bien hecha, concreta, con datos, del ahorro que se ha conseguido” a raíz de la citada norma.

En su intervención, el portavoz de Sanidad del Grupo Popular, Rubén Moreno, ha relatado las irregularidades detectadas entre los beneficiarios de la sanidad pública con fecha previa al 16/2012. Contra las tesis de la oposición que han hablado de exclusión e incluso de xenofobia, Moreno ha recalcado que la asistencia sanitaria “es un derecho por residencia salvo para rentas mayores de 100.000 euros”. El portavoz ‘popular’ ha defendido la reforma asegurando que “necesitábamos un modelo distinto para cubrir a todos los españoles y corregir desvíos procedentes de personas con segunda residencia”. Y como ha manifestado también la ministra de Sanidad, Ana Mato, en las últimas semanas, ha recalcado que España es el país de la Unión Europea que reconoce “la mayor asistencia sanitaria y de salud pública”.

Meses de trabajo sin un final feliz

El pasado noviembre, la Subcomisión creada en el marco de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso daba por cerrada (tras más de un año de trabajo) la convocatoria de expertos para analizar los problemas estructurales y los logros del SNS. Desde entonces, se fraguó un documento con recomendaciones ante las que en un principio había voluntad de acuerdo, al menos para un pacto ‘de mínimos’, según fuentes parlamentarias consultadas por Redacción Médica. Además del portavoz socialista de Sanidad, José Martínez Olmos, el resto de la oposición ha manifestado su absoluto rechazo a las directrices del Real Decreto 16/2012, lo que hace presagiar que el debate en la futura sesión de la Comisión que tratará de forma monográfica el dictamen de la Subcomisión será, cuando meno, tenso. Tras varios aplazamientos para su celebración por razones de agenda, parece que finalmente la sesión tendrá lugar la próxima semana.

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