El Consejo de Estado vaticina más listas de espera con el decreto de Sanidad Transfronteriza

Redacción. Madrid
El Consejo de Estado ha publicado este martes su dictamen favorable sobre el Real Decreto de Asistencia Sanitaria Transfronteriza aprobado en el último Consejo de Ministros y en vigor desde el pasado fin de semana. Entre sus observaciones el Consejo destaca que, dado que nuestro país es receptor de turismo, resulta previsible que con esta Europa sanitaria única pueda incrementarse la demanda de asistencia en España, "lo que sí podría originar consecuencias, por ejemplo, en las listas de espera”.

La ministra de Sanidad, Ana Mato, y el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría.

A su juicio, convertir a nuestro país en receptor de esta clase de turismo sanitario “implicaría que por cada persona que se incorpora a ella pudiera generarse un incremento general para todos los ciudadanos en la demora en la atención en los centros sanitarios, lo que exigirá de medidas eficaces para evitar el correspondiente deterioro de la situación”. Además de las listas de espera, el organismo que preside José Manuel Romay Beccaría, dictamina que “es presumible que en la práctica se presenten dificultades en el deslinde de la aplicación de las diferentes normativas (…) como pueden ser los eventuales impagos de facturas de pacientes extranjeros con posterioridad a su atención en España”.

En la misma línea, el texto sugiere al Ministerio reconsiderar la conveniencia de incorporar limitaciones a la aplicación de esta norma "por razones imperiosas de interés general (...) o la voluntad de controlar los costes y evitar, en la medida de lo posible el despilfarro de los recursos financieros, técnicos y humanos". En todo caso, estas limitaciones, orientadas especialmente a ciudadanos extracomunitarios, deberán restringirse a lo estrictamente "necesario y proporcionado" y sin que “pueda suponer una discriminación ni para los asegurados en España ni para los asegurados de otro Estado de afiliación en los costes y contenido del acceso a la asistencia de sanitaria transfronteriza”, indica el informe.

No hay referencia al sector privado

Asimismo, el Consejo de Estado también critica que en el reglamento “no se haga referencia alguna a la distinción entre proveedores privados y públicos de la asistencia sanitaria prestada o al papel que, en su caso, pudieran tener en la prestación de la asistencia sanitaria transfronteriza el sector privado, lo que merecería alguna indicación, cuando menos, en el ámbito de aplicación de la norma”.

Costes no especificados por el Ministerio

El informe del Consejo también hace referencia a unas estimaciones de costes y de número de pacientes atendidos no divulgados por el Ministerio hasta el momento. Citando a la memoria elaborada por Sanidad adjunta al Real Decreto, el dictamen del Consejo de Estado recoge que "la valoración del impacto económico directo sería la derivada de la atención a un volumen de pacientes imposible de estimar en el momento actual pero que aun considerando todos los supuestos de asistencia transfronteriza ya comentados, no superaría los 50.000 pacientes [españoles o residentes en España] estimando un coste de 268 millones de euros de 2013 (...). Un cálculo más realista debería basarse en que nuestro SNS ofrece una asistencia sanitaria de calidad a la que el ciudadano cuyo Estado miembro de afiliación es nuestro país, no renuncia, pese a las listas de espera, por lo que no sería previsible que las personas optasen por la asistencia sanitaria transfronteriza, en otro país de la UE, teniendo que sufragar los costes derivados de la misma y debiendo hacer frente a los gastos conexos, máxime en el momento de crisis económica por el que atravesamos".

Adecuación de tecnologías, más gasto

El Ministerio considera que la suma de estos costes directos de la asistencia a 5.000 personas más los incrementos por prestaciones de atención primaria y cartera suplementaria ascenderían a 27.500.000 euros. En la misma línea, añade que "se requerirá una adecuación de las tecnologías de información y comunicación, un análisis de viabilidad de la informatización de la gestión, el diseño del sistema de información y un estudio piloto y traducción al inglés de la web del punto nacional de contacto así como adaptación de las webs que proporcionen información de las diferentes Administraciones competentes", cuyo coste se estima (el relativo a la adecuación de las tecnologías) en 700.000 euros. Y, en cuanto a las nuevas tareas administrativas a desarrollar en las diferentes Comunidades Autónomas, se estima un coste de 4 millones de euros. Todo ello suma un total de 32.200.000 euros.

Tras la aprobación del Real Decreto en el pasado Consejo de Ministros, el Ministerio únicamente ofreció una cifra estimativa y no relacionada con los costes, sino con la recaudación, que estimaba en unos 321 millones de euros anuales en reembolsos.

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