La nueva ley de funcionarios planea no exigir el valenciano a los médicos

La consellera valenciana de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha cerrado este miércoles en la reunión de la Mesa General de la Función Pública Valenciana, el trámite de negociación con los sindicatos para la aprobación de la nueva ley que regulará las relaciones laborales de la Generalitat con su plantilla y en la que se prevé la exención del requisito lingüístico para el ámbito sanitario si entrara en colisión con el derecho a la salud.

Así lo ha señalado la consellera, que ha avanzado que la nueva ley incluye la obligación de que, al menos el 50 por ciento de los puestos de cada oferta pública de empleo de la Generalitat y su sector instrumental, sean de acceso libre mediante concurso-oposición; se limitará al 20 por ciento el número de plazas que podrán ser ofertadas en promoción interna y regula el grado de conocimiento del valenciano que tendrán que demostrar los candidatos a trabajar en la Administración de la Generalitat.

El anteproyecto contempla que el grado de conocimiento del valenciano sea desarrollado mediante un reglamento que tendrá que estar aprobado a los seis meses de la entrada en vigor de la ley. Si en el plazo de un año este reglamento no estuviera aprobado, se aplicará que a los aspirantes a los grupos A1, A2 y B, se les exigirá el certificado C1 (equivalente al antiguo Grau Mitjà) mientras que los opositores a los grupos C1 y C2 precisarán de los certificados B2 y B1 respectivamente (equivalentes al Grau Elemental).

Para las agrupaciones profesionales funcionariales se exigirá la acreditación del nivel A2 (equivalente al Grau Oral). La ley contempla la excepción "para el ámbito sanitario" puesto que, según Bravo, "la exigencia del requisito nunca debe entrar en colisión con el derecho a la salud y, por tanto, si esta exigencia produce una disfunción en el funcionamiento del sector público sanitario, priorizaremos siempre el servicio público sobre la exigencia de la capacitación".

Los sindicatos muestran discrepancias 

Sobre esta cuestión, los sindicatos han mostrado discrepancias. Desde UGT, el secretario de la FESP, Luis Lozano, ha criticado que la Administración "imponga" el nivel de valenciano para cada puesto si no hay acuerdo en el reglamento. A su entender, antes que el valenciano "el primer objetivo debe ser salvaguardar el servicio público", por lo que ha avisado de que no apoyarán la ley si esto no se modifica. En este y en otros puntos del acuerdo "no renuncian" a recabar apoyos en el trámite parlamentario.

También CSIF ha rechazado lo que considera una "imposición" del requisito del lingüístico y ha pedido que el nivel de valenciano sea un mérito para el acceso y provisión de empleo público.

Por su parte, Soledad Fernández, del área pública de CCOO PV, sí se ha mostrado partidaria del acuerdo y de la exención. "No queremos que un requisito del idioma haga que no tangas gente especializada en medicina", un área donde hay "mucho déficit", ha puntualizado.

Sin embargo, el secretario de acción sindical de Intersindical Valenciana, Rafa Reig, ha criticado la futura ley "no garantiza los derechos lingüísticos de la persona que habla en valenciano porque lo deja sujeto al desarrollo de un reglamento de resultado incierto y que es muy fácil de cambiar, una ley no tanto". A su entender no se justifican las exenciones: "La obligación de la Administración es hacer lo posible para garantizar el derecho a la asistencia sanitaria y el derecho de los que quieren ser atendidos en valenciano. No se trata de contraponer dos derechos, sino de sacar dos adelante".