CSIF recurre el decreto que obliga a los sanitarios a hablar valenciano

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha interpuesto ante el TSJ recurso contencioso contra el decreto 61/2017, de 12 de mayo, del gobierno valenciano que regula los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la Administración de la Generalitat. La central sindical, además, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la suspensión cautelar de ese decreto “por los perjuicios de imposible o difícil reparación”.

El sindicato explica en su recurso que el decreto “no fue negociado con los representantes de los trabajadores, como resulta obligado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 7/2007 por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público (Ebep)”. Además, añaden que no se produjo la negociación a pesar de afectar a las condiciones de trabajo.

La organización ha solicitado la suspensión cautelar del decreto. Apunta en sus argumentos que “como la jurisprudencia ha declarado, cuando el daño no es susceptible de valoración económica porque la evaluación ofrece grandes dificultades, se considera de reparación imposible o al menos difícil, y se dará el supuesto previsto para suspender la ejecución”.

El sindicato señala igualmente, en el escrito de interposición del recurso, que establece el valenciano como lengua destacada “la sitúa en posición de prevalencia que vulnera lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española, el artículo 6 del Estatuto de Autonomía, así como el artículo 7 de la Ley 4/1983 que el propio decreto impugnado desarrolla”. Consideran que coloca al valenciano en un plano diferente del castellano a pesar de que las dos son oficiales y han de situarse al mismo nivel.

CSIF afirma que este decreto atentaría contra los artículos 20 y 23 de la Constitución Española, que defienden el derecho a la libertad de expresión y el acceso a cargos y funciones en igualdad de condiciones. En este sentido, señalan que la Administración debe garantizar el derecho de los empleados públicos a utilizar la lengua que libremente escojan, de entre las oficiales, al hablar y escribir en el ejercicio de sus funciones. “La normativa aprobada por el Consell, que especifica la lengua en la que realizar esas tareas, atentaría contra esa libertad de expresión lingüística del trabajador”, subrayan.