El servicio de estancia temporal de Guipúzcoa no se prestará en las residencias en huelga

Redacción. San Sebastián
La Diputación Foral de Gipúzcoa no derivará a personas usuarias del servicio de estancias temporales a aquellos centros afectados por la huelga convocada por los sindicatos. Así, la decisión adoptada supone priorizar la derivación de las plazas de respiro al resto de centros, de modo que se pueda prestar a las personas mayores demandantes de estancias temporales un servicio de la mayor calidad posible.

Ander Rodríguez,  diputado de Política Social.

Según ha explicado el diputado de Política Social, Ander Rodríguez, la Diputación no recomendará ingresos temporales en los centros en conflicto durante junio, julio y agosto, los meses en los que mayor número de estancias de respiro se solicita, puesto que “las empresas en huelga no pueden garantizar la asunción de un mayor número de personas usuarias manteniendo los estándares de calidad en la atención que debe exigir esta Administración pública”.

Este servicio, que en el año 2012 contó con un presupuesto de 1,58 millones, fue utilizado por 820 personas y se contabilizaron 1.315 estancias temporales en centros de la red. Hasta el mes de mayo de 2013, se han producido 379 estancias. Hasta el momento, hay 45 solicitudes registradas para junio, 44 para julio y 200 para agosto. “La estancia temporal supone, en todos los casos, una ruptura del marco habitual de la persona atendida, momento en el que es más vulnerable y sensible a la respuesta del entorno, por lo que es necesario que desde el primer momento esté debidamente arropada y protegida. Por lo tanto, a todas aquellas personas que precisan de este servicio, se les debe garantizar, en todo momento, que la atención que van a recibir reúne toda la calidad requerida”, ha subrayado Rodríguez.

A juicio del diputado, “este rasgo estructural del programa se ve hoy en día comprometido por la situación de huelga indefinida planteada en algunos centros de la red ante la inestabilidad respecto al futuro laboral de su plantilla. Esta circunstancia agrava el riesgo de falta de normalidad en el entorno residencial y disminuye el nivel de calidad de los servicios a prestar”.

Así, Rodríguez ha vuelto a solicitar a las entidades que aún no lo han hecho que pongan fin al conflicto suscribiendo la propuesta de convenio laboral planteada por la Diputación, en la que se garantiza la subida del IPC a las trabajadoras de la red, así como el reconocimiento de sus derechos laborales y la no aplicación de la reforma laboral española.