La Comunidad rechaza siete Proposiciones de Ley aprobadas mayoritariamente por la Asamblea, devolviéndolas al Pleno

PP y PSOE se enzarzan por el plan de salud bucodental
Ángel Garrido junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.


11 oct. 2016 15:00H
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La Comunidad de Madrid ha rechazado tomar en consideración, la mayoría por motivos económicos, siete Proposiciones de Ley aprobadas mayoritariamente por la oposición en la Asamblea de Madrid, devolviéndolas así a la Cámara regional para continuar su tramitación, la última la de Salud Bucodental.

Así lo ha reconocido este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Ángel Garrido. La mayoría de los rechazos se han debido a motivos económicos, aduciendo que la aprobación y puesta en marcha de esas leyes descuadrarían los presupuestos.

Precisamente, ese argumento ha sido dado hoy al Proyecto de Ley del Plan de Salud Bucodental registrado por el PSOE el 1 de septiembre en la Mesa de la Asamblea y que se aprobó llevarlo a Pleno cuando corresponda. "Hemos presentado nuestras discrepancias con el acuerdo sobre la Mesa de la Asamblea tras consultar con las Consejerías de Economía y Empleo porque supondría un incremento del gasto y de los recursos humanos necesarios y la realización de nuevos contratos de gestión del servicio público", ha detallado Garrido.

El portavoz regional ha explicado que se acogen al artículo 151 para mostrar su criterio desfavorable a la toma de consideración de la proposición. Eso sí, ha recordado que el Ejecutivo regional no puede paralizar una proposición de Ley del legislativo madrileño, ya que el PP no tiene mayoría absoluta en la Mesa.

De hecho, en las siete ocasiones la Mesa de la Asamblea ha rechazado las discrepancias del Consejo de Gobierno y ha seguido su tramitación legislativa. Así, el Proyecto de Ley sobre Salud Bucodental será debatido en comisión y luego pasará a Pleno, donde podrá ser aprobada o no.

El PSOE llevará al Pleno su proposición y alega que los gastos presupuestados son para 2017



En se punto, Ángel Garrido ha anunciado que pedirán formalmente que las Proposiciones de Ley llegadas de la Asamblea cuenten con su informe de legalidad y con memoria económica, unos trámites que sí que están obligados a pasar los proyectos que nacen del Gobierno regional. 

El PSOE no se rinde

Por su parte, el Grupo Socialista en la Asamblea llevará a Pleno la Proposición de Ley de atención a la salud bucodental y de creación del Programa de Atención Dental Infantil (PADI) pese a las discrepancias que el Gobierno regional ha trasladado al respecto a la Mesa.

Así lo ha manifestado el portavoz de Sanidad del Grupo Socialista, José Manuel Freire, en declaraciones a los medios en la Asamblea. Según Freire, impulsor de la iniciativa de salud bucodental, la Mesa ha rechazado los argumentos del Gobierno y "claramente la voluntad de los grupos parlamentarios, PSOE, que es el proponente, Podemos y Ciudadanos, es que esa ley se tramite y, por lo tanto, se tramitará".

Freire ha asegurado que hay un presupuesto de 8,6 millones de euros en los presupuestos de 2016 para esa ley, cantidad que se extrajo de la financiación que la Comunidad de Madrid destinaba al servicio médico de la Asociación de la Prensa de Madrid. "Hay dinero", ha aseverado.

Además, ha señalado que es "curioso" que "todo lo que va en esa ley fue en una PNL (Proposición no de ley) que presentó el PSOE en el mes de junio y se aprobó", con el apoyo del PP.

Gastos para 2017

No obstante, como el Gobierno no hizo nada tras la aprobación de la PNL, el PSOE presentó el pasado 1 de septiembre una Proposición de Ley. "El Gobierno del PP se ha encontrado con una situación muy incómoda, lo que ellos aprueban en junio y no hacen nada para quedar bien cara a la galería, como no hacen nada presentamos una ley que sí que obliga", ha apuntado.

Freire, que ha acusado al Gobierno de "filibusterismo", ha asegurado que el Gobierno "está retrasando sin ningún argumento" la aprobación de la ley, no solo porque hay presupuesto para este año sino porque además la ley dice que el PADI debería empezar el 1 de septiembre de 2017. "El Gobierno dice a la Mesa que no se debe tramitar la ley porque lleva gastos en el ejercicio de 2016 y no se da cuenta de que es falso, porque en 2016 hay presupuesto y porque en el texto de la ley se dice que el gasto gordo empiece a ocasionarse el 1 de septiembre de 2017, con lo cual tenemos argumentos muy serios para decir que el PP está haciendo obstruccionismo a una Propuesta de ley cuyo fondo él mismo aprobó en junio", ha explicado Freire.
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