El Marañón no encuentra irregularidades en Anatomía pero pide la intervención de la Inspección Sanitaria

Redacción. Madrid
La investigación interna llevada a cabo por el Hospital General Universitario Gregorio Marañón para determinar si se han utilizado recursos públicos del departamento de Anatomía Patológica para pruebas de clínicas privadas ha concluido con que no ha habido irregularidades pero, no obstante, desde el centro, se ha pedido la intervención de la Inspección Sanitaria de la Consejería de Sanidad, que “como autoridad sanitaria tiene mayor capacidad instructora”.

Así se recoge en un comunicado del centro, donde se explica que el hospital ha finalizado su investigación interna llevada a cabo en el Servicio de Anatomía Patológica y que en el desarrollo de este proceso se ha constatado la “negativa” del profesional Martínez Montero, quien denunció el caso, “a entregar las supuestas pruebas que dice poseer sobre las presuntas prácticas irregulares”.

Así, han explicado que en dos ocasiones la Gerencia del Hospital Gregorio Marañón ha requerido formalmente por escrito al médico la entrega de las supuestas pruebas y “éste no las ha aportado en ningún momento”.

El equipo de investigación ha estado formado por el subdirector médico de servicios centrales y el subgerente asistencial, que sustituyó al director médico “en pro de la búsqueda de la mayor objetividad posible durante la investigación”, han asegurado desde el centro.

El equipo de investigación solicita la comparecencia voluntaria de los trabajadores del servicio

Dicho equipo de investigación ha solicitado la comparecencia de los trabajadores del Servicio de Anatomía Patológica “de forma voluntaria, sin ningún tipo de imposición ni amenaza”, apuntan tras las denuncias formuladas ayer desde el Partido Socialista de Madrid en este sentido.

De este modo, han asegurado que con la información obtenida hasta el momento en las investigaciones efectuadas “no se puede inferir hecho alguno que constituya indicio de ilegalidad”.

No obstante, el equipo investigador entiende que “no puede emitir unas conclusiones firmes” por las circunstancias anteriormente mencionadas y como no han advertido indicios que aconsejasen el envío del caso a la Fiscalía, ha solicitado la intervención de la Inspección Sanitaria “para acabar de aclarar hasta sus últimas consecuencias los hechos presuntamente irregulares denunciados”.

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