El COF confía en que el Constitucional anule el euro por receta

Alberto García Romero.

Redacción. Madrid
El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, Alberto García Romero, ha aseverado que la introducción de la tasa del euro por receta en la Comunidad ha supuesto un "gran desgaste" para el sector en la región y confía en que el Tribunal Constitucional (TC) anule su aplicación de manera firme.

Así lo ha manifestado durante la celebración de la Asamblea General Ordinaria del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) que ha aprobado por amplia mayoría el presupuesto de ingresos y gastos de 2012 de la corporación y abordó el informe de presidencia durante un ejercicio "difícil, complejo y muy duro para todos los farmacéuticos españoles", según ha detallado García Romero.

Durante su intervención, García Romero ha señalado que "el fuerte control de la prescripción y la caída de precios han condicionado un ejercicio profesional marcado por cambios importantes en el marco regulador estatal, autonómico y europeo".

Al respecto, ha incidido en que las medidas adoptadas por los poderes públicos durante 2012 "han tenido siempre un tinte cortoplacista" y han supuesto "esfuerzos y, en ocasiones, drásticos recortes en las prestaciones y servicios". A pesar de ello, el problema de financiación o liquidez de las comunidades autónomas no se ha resuelto y se siguen produciendo impagos en algunas regiones, lamentó García Romero, quien ha manifestado que esa falta de liquidez también es "extensible a la Comunidad de Madrid", por lo que ha reclamado mayor planificación en el pago a las oficinas de farmacia.

La caída de la facturación de recetas a PVP en el Sistema Nacional de Salud fue del 12,26 por ciento en 2012, mientras que la reducción en Madrid fue del 10,36 por ciento, tras sumar el importe de las deducciones y descuentos aportados por el sector, que ascendió a 129 millones de euros. 

Además de hacer frente a la disminución de ingresos, la farmacia madrileña ha visto incrementada durante 2012 y 2013 su carga de trabajo burocrático "sin obtener mejoras económicas", puntualizó el presidente. Entre otros cambios, se ha referido a la aplicación del nuevo Real Decreto-Ley 16/2012 de aportación farmacéutica e identificación del nivel de aportación de usuarios o la introducción de la cartilla de papel en la Comunidad de Madrid en septiembre, que fue suprimida el pasado mes de marzo, cuando entró en vigor el nuevo sistema electrónico de identificación de usuarios Siscata.

 A pesar de las dificultades, esta nueva aplicación informática funciona "con normalidad", como reflejan los últimos datos del mes de abril, con 8,2 millones de recetas registradas en Siscata por 2.806 farmacias, ha comentado García Romero.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos ha informado también del despliegue de la receta electrónica en la Comunidad. En la actualidad, hay 84 localidades y municipios incluidos en el sistema y un total de 215 farmacias dispensando recetas electrónicas. Para antes de verano, está previsto que 145 localidades y municipios y 337 oficinas de farmacia dispensen con este sistema.

 A partir de septiembre y hasta final del ejercicio, el Colegio tiene previsto culminar el despliegue en el conjunto de municipios de la Comunidad. El municipio de Madrid entrará en 2014 y se llevará a efecto en un mismo día para que la libertad del ciudadano sea una realidad en toda la ciudad.

Recetas a crónicos

El Colegio ha solicitado a la Dirección General de Farmacia la autorización de la posibilidad de adelantar la dispensación cinco días con respecto a la fecha prevista de dispensación (recetas programadas), para pacientes crónicos y siempre que la receta se haya registrado en Siscata.

Aunque la Consejería de Sanidad no ha accedido todavía a la solicitud, según García Romero, sí la ha valorado de forma positiva, siempre que se cumpla que en la dispensación de estas recetas se utilice la herramienta informática y que la fecha prevista de dispensación sea posterior a la fecha de prescripción.

También ha planteado igualmente a la Comunidad la necesidad de que determinadas residencias (ya sean públicas o privadas), ubicadas en zonas concretas y en torno a 150 camas, sigan siendo suministradas por las oficinas de farmacia, ya que los ingresos principales de estas provienen de la atención a la residencia.

Otra de las grandes incertidumbres, según su presidente, que se plantean al sector es la futura ley de Servicios Profesionales, que en los borradores del Ministerio de Economía propone el cambio del régimen de titularidad y propiedad de la farmacia. Para Alberto García Romero, "no existe motivación suficiente para introducir un cambio en el modelo que lo haría en el futuro más mercantilista que sanitario en interés de las grandes superficies, que pretenden llegar a la farmacia por la puerta fácil".