El PPdeG pide un plan contra la obesidad

Redacción. Santiago de Compostela
El PPdeG ha pedido en el Parlamento gallego la elaboración y puesta en marcha por parte de la Xunta de Galicia de un plan contra la obesidad infantil, cuestión ante la que los grupos de la oposición -PSdeG, AGE y BNG- han propuesto a los populares que empiecen "por paralizar el decreto de comedores".

Miguel Ángel Santalices.

En el pleno de la Cámara, el diputado del PP Miguel Ángel Santalices ha llamado al consenso de los partidos políticos para combatir una "epidemia" que supone "una lacra", puesto que, según varios estudios, el porcentaje de niños con sobrepeso en la Comunidad gallega se sitúa en torno al 50 por ciento, "muy por encima de la media nacional".

Así, y ante la petición de llevar al Pazo do Hórreo un programa que promueva los hábitos saludables y orientado a la prevención de esta patología, los portavoces de la oposición han traído a colación el nuevo decreto de la Consejería de Educación sobre el funcionamiento de los comedores escolares.

Pese a coincidir con Santalices en el carácter de "epidemia" que ha adquirido este fenómeno, la socialista Carmen Acuña ha advertido de que "el tuper o la fiambrera" no constituyen "el mejor aliado" para una buena alimentación. El parlamentario de Alternativa Ramón Vázquez ha reclamado a los populares que "comiencen por paralizar el decreto de comedores" y la portavoz del Bloque en el debate, Montse Prado, ha aseverado que "no se lucha contra la obesidad infantil poniendo el repago en los comedores escolares".

No obstante, frente a estos reproches, el autor de la proposición no de ley, Santalices, ha apelado a la oposición a no utilizar "la demagogia barata" con ese "otro asunto", porque "este" -el de la lucha contra la obesidad-, según ha dicho, es un tema "mucho más serio".

Ley de Garantías

Por otra parte, PSdeG, AGE y BNG han vuelto a criticar en sede parlamentaria la futura Ley de garantías sanitarias, que está en fase de tramitación y de la que entienden que facilitará la "privatización" de la sanidad pública mediante el artículo séptimo del borrador.

Al respecto, la consejera de Sanidad, Rocío Mosquera, afirmó en el pasado pleno que "ningún paciente adelantará" dinero en el caso de ser derivado a un centro privado concertado o con motivo de optar por recibir asistencia en un centro de estas características y que, en el caso de seleccionar uno que no este sujeto a concierto, se le reconocerá el derecho a "reintegro".

No obstante, este martes, la diputada de Alternativa Eva Solla, autora de una proposición no de ley sobre el decreto de garantía de tiempos máximos de espera en la atención sanitaria, ha sentenciado que su grupo no va a "tolerar" la "privatización encubierta" que implica la norma al permitir "que los centros privados puedan competir con la sanidad pública". La nueva ley "significa el inicio del fin de nuestra sanidad pública", ha censurado.

La socialista Carmen Acuña, que ha coincidido en esta idea, ha demandado, además, que el Ejecutivo autonómico haga públicos los datos de las listas de espera estructurales y no estructurales, al opinar que "es ilegal" lo que está haciendo en este ámbito.

Por parte del Bloque, Montse Prado ha acusado a los populares de "seguir mintiendo" porque "crean las condiciones de deterioro de la sanidad pública" para "luego vender" el texto legal como "solución".

El portavoz popular, Miguel Ángel Santalices, ha defendido la ley, que, según ha subrayado, contempla aspectos destinados a la mejora de la sanidad que la oposición "no quiere reconocer" y, además, ha reprochado que el bipartito "no hizo públicos" los datos de las listas de espera no estructurales.