La Junta renuncia a la exención del IBI para financiar la Sanidad

Extremadura renuncia a la exención del IBI para los hospitales y demás centros adscritos al Servicio Extremeño de Salud (SES). El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes el proyecto de ley de medidas tributarias, patrimoniales, financieras y administrativas de la comunidad, con el que busca “el sostenimiento de los servicios públicos esenciales”, como la sanidad. Se retocan algunos gravámenes, pero no se contempla esta medida que sí figuraba en el anteproyecto, que buscaba que el SES contase con 2,3 millones más de presupuesto,  y que había generado polémica en la región.

La decisión de no incluir la exención del IBI sanitario ha sido adoptada, según ha indicado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, atendiendo a las consideraciones expresadas por las distintas entidades locales, que habían formulado alegaciones al anteproyecto de ley, y “en aras del consenso y del diálogo”.

La consejera ha adelantado que en un futuro la Junta volverá a plantear esta exención del IBI sanitario, pero que entretanto atiende a los argumentos de los ayuntamientos, que habían rechazado la medida y reconoce los problemas de financiación que sufren. Aunque ha señalado que “no hay que obviar” los beneficios económicos indirectos para los municipios que genera contar con infraestructuras sanitarias, también ha reconocido que las entidades locales están “infrafinanciadas”.

Según Blanco-Morales, antes de que la Junta vuelva a plantear la exención del IBI sanitario “hay dos grandes asuntos que tiene que afrontar el Gobierno de la nación”. Estos son, ha detallado, “la reforma del sistema de financiación autonómica, garantizando la sostenibilidad de los servicios públicos; y la reforma de la ley de haciendas locales, que permita dar un respiro a los ayuntamientos”. “Después, ya veremos”, ha apostillado.

Aprobación en la asamblea

Una vez aprobado el texto en Consejo de Gobierno, el proyecto de ley será remitido a la Asamblea para su posterior tramitación, debate y aprobación. La Junta cumple así con la promesa que había expresado su presupuesto, Guillermo Fernández Vara, de no incluir la exención del IBI en la ley de medidas tributarias si ésta generaba rechazo.

En concreto, la reforma fiscal tiene un impacto de casi 9 millones de euros. Según la Junta, “no se eleva la presión fiscal sobre los ciudadanos” y casi todo el dinero se obtiene eliminando ciertas exenciones para empresas y propiedades. Así, de esa cantidad, medio millón se obtendrá de la eliminación de la deducción del IRPF por la adquisición de una segunda residencia en el ámbito rural (única deducción autonómica que se elimina). También se modifica el canon de saneamiento.

Por su parte, en el Impuesto de Patrimonio se modifica el mínimo exento, que pasaría de los 700.000 euros actuales a 500.000 euros. La recaudación prevista por esta modificación asciende a 1,05 millones de euros.

En cuanto a tributos propios, según ha explicado la consejera de Hacienda, suben algunos gravámenes sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente. Esto afecta al transporte de energía y también al impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos, que se incrementa en un 20 por ciento en varios supuestos.