El SES comunica al TSJEx la imposibilidad de ejecutar la sentencia sobre la OPE de 2007

Redacción. Mérida
El secretario general del SES, César Santos, ha trasladado este jueves a las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad el procedimiento seguido por la administración regional para solicitar ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) la “imposibilidad” de ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo, que afecta a la categoría de enfermeros de atención continuada de la OPE 2007.

Césa Santos.

El TSJEx en sentencia de fecha 25/junio/2013 anulaba parcialmente estas oposiciones, “retrotrayendo el proceso al momento anterior al segundo ejercicio de la fase de oposición”. Esto significaría que los aspirantes tomaron posesión el 15 de enero del 2010 se quedarían sin sus plazas. Esta anulación también influye en las oposiciones de 2011, ya que hasta la resolución de la de la OPE del 2007, no se convocará el concurso de traslados del personal de enfermería de atención continuada.

Durante la reunión de la mesa, César Santos ha explicado que la “única solución posible y razonable desde el punto de vista legal” para este “grandísimo problema” es solicitar la imposibilidad de ejecución del fallo del Alto Tribunal, según lo que han entendido los servicios jurídicos de la Administración, informa el Ejecutivo regional en una nota de prensa.

“Ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo en sus propios términos supondría un perjuicio importante para el Servicio Extremeño de Salud y para las 267 personas que actuaron de buena fe, obtuvieron su plaza y tomaron posesión de ella en 2010”, ha comentado Santos.

Tras haber considerado las repercusiones que tendría la ejecución del fallo del Supremo en sus propios términos, esta administración ha iniciado ya la solicitud de “imposibilidad de ejecutar” esta sentencia, según lo previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha apuntado.

Los argumentos en los que se basa esta solicitud de imposibilidad de ejecución de la sentencia, que también han sido públicamente expuestos, “son fundamentalmente el gran perjuicio que el fallo del Supremo supone para los 267 enfermeros de atención continuada que consiguieron su plaza en la OPE 2007 y que actuaron de buena fe, así como el largo espacio de tiempo transcurrido entre la celebración de las pruebas, la adjudicación de las plazas y la propia sentencia”.