Un artículo 'antisecesión' de la Constitución amenaza la sanidad catalana

En el encuentro que el presidente Carles Puigdemont mantuvo este lunes en Madrid con diferentes representantes de la política, la empresa y el periodismo, se planteó el extremo de que el Gobierno central aplicara el artículo 155 de la Organización Territorial del Estado contemplado en la Constitución si la región promoviera un referéndum secesionista unilateral en septiembre de 2017. Este reza: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

El presidente catalán, ante ese futurible, prefirió que el Estado se decantara por fórmulas menos agresivas. Sin embargo, cabe la posibilidad de que se aplique y, de ser así, ¿en qué medida podría afectar a la sanidad? Según Eduardo Virgala, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco, este artículo “salvo la suspensión de la autonomía como tal (que iría contra el artículo 2 de la Constitución), permite todo, hasta la suspensión y sustitución de los órganos autonómicos”. En este sentido, el control del sistema sanitario también le podría ser arrebatado a la Generalitat. “El Gobierno central podría retirar la competencia autonómica y ejercerla directamente, pero para eso tendría que motivar en la solicitud de aplicación del 155 (a remitir al Senado), que esa competencia concreta de sanidad ha sido utilizada por las autoridades autonómicas para incumplir la Constitución de forma tan grave que haya afectado al interés general de España”, explica este experto.

La instrumentalización de la sanidad por parte del Gobierno catalán se daría cuando este  “ignorara toda la legislación básica central en materia sanitaria y actuara creando un sistema sanitario propio completamente desconectado del español”. “Llegado ese caso, imagino que primero se darían instrucciones al Consejero de la Generalitat para revertir la situación y, si éste desobedeciera, el Gobierno central podría hacerse cargo directamente de la Consejería”, continúa Virgala. Una disposición “última y extrema”, como matiza el jurista, que podría prorrogarse; “pero lo lógico es que el Senado en la autorización para su aplicación estableciera un plazo inicial, que podría prorrogarse, hasta que la situación estuviera completamente restaurada”.

Respecto al futuro de los responsables sanitarios que incurrieran en tal desacato, este profesor universitario aclara que “dependerá de la gravedad del incumplimiento, de si el Gobierno central entiende necesario convocar nuevas elecciones en Cataluña...”. Claro que hablando en términos de tal ilegalidad “hay que tener en cuenta que es muy probable que su actuación, si ha llegado a tal extremo, pueda ser delictiva, con lo que habría que ver si son juzgados y condenados”. Un futurible, como se dijo en líneas superiores, poco probable y todavía menos deseable para la sanidad catalana.