“La reyerta política ha dañado más a la sanidad que la crisis económica”

Helena Ris, directora general de la Unió Catalana d'Hospitals.

Eduardo Ortega Socorro.
No son los mejores tiempos para el sector sanitario catalán, dado que los impagos de la Administración se han convertido en los incómodos protagonistas de la actualidad regional durante los últimos meses. Con todo, Helena Ris, directora general de la Unió Catalana d'Hospitals, considera que lo que más está perjudicando a la sanidad es la batalla política. Sin embargo, advierte que estas deudas están minando la credibilidad de un sector concertado con cada vez menor capacidad de maniobra.

También aborda la externalización de la gestión que están afrontando los centros madrileños, que considera un tanto brusca, y defiende las concesiones de concursos sanitarios a entidades con ánimo de lucro, siempre bajo un férreo control de la Administración.

¿Cuál es la situación de la financiación de la sanidad concertada en Cataluña?

De gran preocupación. No conocemos el presupuesto de 2013, y por tanto no sabemos cómo van a ser los contratos. La red concertada en Cataluña es muy grande, e incluye centros públicos y privado, yestamos gravemente preocupados.
Además, desde el verano pasado estamos con la incertidumbre de si nos podrán pagar los conciertos en su totalidad y en fecha cada final de mes. Por tanto, la sensación es de una grave inseguridad.

¿A cuanto asciende ya la deuda?

Para empezar nosotros cobrábamos a 75 días, pero ya ni nos acordamos de eso. Ahora lo hacemos a partir de 90 días, y la deuda de todo el sector concertado de salud es de unos 800 millones de euros. Dentro de esta deuda entra un 25 por ciento de la factura de enero que la administración regional todavía no ha abonado.

¿Qué opina sobre estos impagos, ya a principios de año, y cómo los ha razonado la Consejería?

Se ve que la frescura del dinero se ha ‘evaporado’. La consejería dice que, como no se había podido constituir todavía el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), la factura de enero se había pagado con fondos propios de la Generalitat, de ahí que no pudieran pagar el cien por cien de la factura. Suponen que, cuando se haga efectivo el FLA y si se logra la cifra que espera la Consejería, no habría problemas para pagar el resto del año, pero todo el mundo augura un mal año desde el punto de vista de las tesorerías.

Hay tensión en los centros. Llevamos un año, 2012, en el que ya hubo un impago de un mes entero, julio, y luego fracciones de otros. Y los bancos ya no dan créditos. La situación cada vez es peor. Algunos centros no han podido hacer efectivas las nóminas hasta que han cobrado de la Generalitat, que ha pagado tarde. Van al día y con lo justo.

¿Qué opina usted de que lo primero que use la Consejería para argumentar sus deudas en enero sea que no se ha recibido todavía el fondo de liquidez autonómico (FLA)?

Las cosas se han de entender racionalmente. Luego se puede decir que una situación es intolerable o insostenible, pero entendemos que los ingresos de la Generalitat son muy escasos, limitados y tienen que hacer frente a los bonos que se editaron. El FLA había de ser lo que salvara la situación de tesorería, por tanto, si no se ha constituido, parece lógico que no tengan dinero en enero.

Pero empezar así el año mina mucho la credibilidad de los centros sanitarios y hospitales, hacia los profesionales que trabajan en ellos y hacia sus proveedores, y también la del sector concertado en general.

¿De dónde va a salir el dinero hasta entonces, pues?

No lo sabemos, y la Consejería no lo sabe tampoco. No dan ninguna fecha. Todos los centros, en esta situación, se han endeudado más, a lo que además hay que sumar los intereses que genera esta deuda.

¿No se compromete la Consejería a pagar los intereses de la deuda de los centros concertados generada por los impagos?

No, qué va. Es más; nos estamos planteando pedir formalmente el interés de la deuda. Hace no mucho se creó una Ley de Morosidad, pero no se plantea pagar los intereses en el sector concertado, de ahí que los vayamos a pedir.

¿Ha presentado la Consejería o la patronal alguna propuesta para solucionar la deuda que queda de 2012?

Si estas presiones de tesorería de las que habla la Consejería se deben a un pim-pam-pum político, que nosotros creemos que es así, se debería procurar alejar al sector sanitario y de atención a la dependencia de estas reyertas.

Además, sabemos que hay poco dinero y que los ingresos bajan, pero debería haber una mínima planificación que nos permitiera a las empresas planear nuestras tesorerías y nuestros pagos a proveedores.

También nos deberían ayudar con los bancos, que ya lo hacen, pero se debería hacer de una manera más formal, de manera que los bancos entiendan que la situación de unos centros que siguen prestando atención sanitaria, a pesar de las deudas y de los intereses.

Nosotros el esfuerzo lo estamos haciendo. Las tarifas están congeladas desde 2011 y los profesionales han rebajado sus sueldos. Ha habido acuerdos en los centros para que se bajaran las retribuciones con efectos en 2011 y 2012. Esto no lo han hecho en todas partes.

Este es un sector que ha hecho un esfuerzo grande para adaptarse a la crisis. Pero lo que no puede pasar es que nos recorten otra vez este año, que será gravísimo, y que no sepamos cuándo vamos a cobrar. Esto no puede ser y es insostenible.

¿Estos problemas de financiación puede provocar que haya menos aspirantes a concursos futuros en la red de centros catalana? ¿Puede que Cataluña, en este ámbito pierda competitividad?

La falta de financiación va mal para todo. Nosotros nos podemos adaptar a la disminución, pero no estar al pairo y al quite de si se va o no a cobrar. Esto resta posibilidades de que participen más empresas en los concursos. Si tengo que poner un aval para poder concursar, pero el banco no me lo deja y la Generalitat no me paga, ¿cómo lo hago? Esto va mal para todos. Genera más incertidumbre, más paro, más inseguridad. El sector sanitario es delicado, y estas cuestiones acaban removiendo a todo el sector, desde los propietarios hasta los directivos y los profesionales. Es una situación muy grave.

¿Qué opina usted de la medidas de externalizar la gestión que está llevando a cabo Madrid y del modelo sanitario que propone la región?

En Cataluña tenemos un modelo sanitario diferente: teníamos muchos centros concertados y muchos centros privados que daban un servicio público que se han mantenido. Pero esto en Madrid no existe. Han pasado del Insalud de gestión directa a empresas privadas con ánimo de lucro, sin ninguna reflexión conjunta aparente con el sector, sin una explicación. Me parece excesivamente brusco. No está evaluado. Es decir, algunos de los proyectos que se han hecho en España y que se pueden parecer a los hospitales de Madrid no están evaluados. Pasa mucho: no evaluamos lo que hacemos y luego es difícil saber si te puedes seguir adelante o no, porque no tienes una evaluación en la que basarte. Me ha parecido excesivamente brusco.

El proceso por el que ha pasado Madrid se hizo en Cataluña, pero la transición fue natural. Hubo una explicación racional, ante las acusaciones de privatización. No se montó ningún problema semejante. Parecía un proceso más lento y reflexionado.

¿Cuál es la base de la polémica de concesión del CAP de la L’Scala al Grupo Eulen?

La base del problema es el ánimo de lucro. En cualquier caso, también se dijo que se privatizaba cuando se hizo el concurso del hospital de Figueras. Hay que centrarse. Privatizar es un mal verbo, porque no responde a la verdad. La asistencia en L’Scala va a seguir siendo pública, y ningún paciente tendrá que pagar por ser asistido por su médico de cabecera. Lo que es cierto es que el concurso de gestión de este centro lo ha ganado una entidad mercantil, con ánimo de lucro. Esto es lo que ha generado este rebomborio, este follón.

En Cataluña hay empresas con ánimo de lucro que colaboran con el sector público. Y es verdad, que la mayor parte de los centros concertados generalmente son fundaciones, mutualidades y órdenes religiosas sin ánimo de lucro. Pero el ánimo de lucro no tiene por qué ser el problema.

En el sector concertado, que supone el cincuenta por ciento aproximadamente de la red sanitaria catalana, operan empresas públicas y privadas a través de un contrato con el Catsalut. Ese contrato tiene una tarifa y unos sistemas de pago, y reciben los fondos si hacen una actividad, si no la hacen no los reciben. De ahí que pensemos que es muy diferente al ICS y al Insalud y su funcionamiento.

El servicio que Eulen preste se va a evaluar anualmente, y tiene que cumplir con el contrato. ¿Qué más da si es una entidad mercantil con ánimo de lucro o no? No nos debería importar. Simplemente le deberíamos exigir lo mismo que dice su contrato. Desde el punto de vista de la fórmula jurídica, la entidades de base asociativa que se forman para encargarse de un área sanitaria básica también podría decirse que buscan el ánimo de lucro. El servicio que tienen que dar es exactamente el mismo que un equipo del ICS o de la Mutua de Terrassa.

¿Por qué tantos temores pues, también entre los profesionales sanitarios, a que se privatice la gestión?

Deben pensar que es mucho más cómodo estar en un entorno como el estatutario o el funcionarial. En Cataluña hay un 30 por ciento de los equipos que no son del ICS, y en algunos sitios ha habido problemas, en otros no. De entrada, un profesional prefiere quedarse como está, algo más estable y más seguro. Pero el régimen estatutario no se pierde, no se puede quitar. Si eres interino te pueden hacer un cambio de contrato, pero de otra manera no.

Siempre se genera ruido. Y claro, si lo haces de repente y con ocho hospitales de golpe… Seguramente se puede organizar todavía más ruido. Pero no se privatiza desde el punto de vista del régimen en el que es paciente asiste al médico, porque no hay diferencia entre la atención sanitaria.  Esto no es privatizar. Privatizar sería decir que hay una serie de servicios que ya no vas a proporcionar, y que si el paciente quiere recibirlos los va a tener que pagar. Lo que se privatiza es la gestión, que se pone en manos de entidades privadas que deben ser controladas por la administración. Y hay que recordar: No todas las entidades públicas funcionan maravillosamente, y ese control también se debe aplicar sobre ellas.

¿Es la gestión privada mejor que la pública?

Pienso que la gestión debe ser empresarial. Hay empresas públicas y las hay privadas, y hay empresas bien gestionadas y las hay mal gestionadas. Generalmente, lo que pasa en las empresas públicas es que los instrumentos que tienen para gestionar son más limitados. Están pensados para la administración pública, y no son los idóneos para empresas de servicios. Lo idóneo es tener instrumentos de gestión empresarial: Régimen laboral de los trabajadores, contabilidad financiera y presupuestaria, etcétera. Pero cada vez se limitan más esas herramientas.

Con todo, se está intentado dotar a las instituciones de instrumentos que permitan una gestión más eficaz y racional, que es lo que se está haciendo con el ICS, para dar y mantener un servicio de calidad con unos costes adecuados.

¿Cree que este es el camino que debe seguir el Sistema Nacional de Salud (SNS)?

Nosotros creemos que sí. Y también pensamos que cualquier avance debe ser evaluado, para luego pensar si se debe continuar trabajando por esa línea, o se debe optar por otra.

Lo que sí que no puede ser es que en los concursos participen y se lleven las convocatorias empresas de capital riesgo. Las entidades privadas pueden gestionar servicios sanitarios, claro que sí, pero deben tener experiencia en el mundo sanitario y deben tener ganas de recalar y quedarse en el mundo sanitario.

¿El de los conciertos debe ser el horizonte del resto del estado?

Es un camino que me parece bien.

¿Considera que el de los conciertos con empresas con ánimo de lucro es una fórmula aplicable y adecuada a todo tipo de centro sanitario en tiempos de crisis?

Con la Ley de Contratos del Estado en la mano, no se puede excluir que este tipo de empresas participen en los concursos, si se quisiera hacer.Pero recuerdo: Al fin y al cabo, las entidades de base asociativa también son mercantiles. Y hay 14 en Cataluña y hace 10 años que está pasando esto.

Capio colabora desde hace 20 años con el sistema público, y nadie dice que eso sea privatizar. 

¿Cómo valora la propuesta de Boi Ruiz al Parlamento de que Cataluña tenga un sistema sanitario propio e independiente?

Creo que la intención inicial del consejero es que alejemos lo más posible el sector y el modelo sanitario de la reyerta política. Si no, el riesgo y la tentación de hacer demagogia es demasiado elevada.

Debería haber más reflexión sobre qué modelo que queremos. En un sitio como Cataluña en el que el sistema sanitario depende en un 50 por ciento de entidades privadas resulta que hay partidos políticos que lo que hay que hacer es apostar por lo público-público, es decir, aplicar el ICS  a todo el sector. Y este nunca ha sido nuestro modelo. En hospitales, el 70 por ciento de las camas son concertadas, no del ICS.

Y claro, nosotros los que pedimos es que se aparte la sanidad de la reyerta política, y también su tesorería. Es una cosa delicada, los profesionales deben estar motivados, y desde hace cinco años les estamos recortando sueldos por todas partes.

¿Qué cree que ha hecho más daño a la sanidad, la reyerta política o la crisis?

Creo que la reyerta política, porque la crisis, si no hubiera habido reyerta política, a lo mejor hubiera servido, o estaría sirviendo, para recortar cosas que los profesionales sabemos que sí que estaría bien recortar. Es decir, recortar el exceso de la accesibilidad 100 por 100 a todo tipo de servicios. Hay tratamientos en nuestra cartera de servicios que no están probado al 100 por 100 que sirvan y fármacos que en realidad no mejoran los efectos de sus precedentes. Por ejemplo, nosotros somos partidarios del copago. Ojo, siempre hemos dicho que esto nunca debe evitar que un paciente acceda a un tratamiento esencial, pero es útil en algunos servicios.

Toda esta reflexión y moderación en las ideas es lo que se tendría que priorizar. Hubiera servido para quitar lastre de cosas que no hacen falta, mejorando la eficiencia del sistema sin perder su calidad. Defendemos un sistema sanitario de cobertura pública porque genera cohesión social, y si con la que está cayendo no lo tuviéramos, la injusticia y la agitación social sería elevadísima.

¿En qué situación se halla se halla el convenio colectivo de la red hospitalaria pública del sector concertado catalán?

Se encuentra en ultraactividad desde 2008. Hemos intentado negociar en varias ocasiones. La primera vez fue tras los recortes de 2010 y 2011, que no se consiguieron acuerdos sectoriales, aunque sí en los centros. Dichos acuerdos concretos caducaron en diciembre de 2012.

Tras esto también hemos intentado llegar a acuerdos, con mediación pedida incluso a la Dirección General de Trabajo, pero tampoco hemos conseguido nada. Nos parece ilógico no llegar a pactos en este entorno tan restrictivo y problemático, y lo seguiremos intentando.

El día 7 de julio, según la nueva reforma laboral, acaba el periodo de ultraactividad de convenio y teóricamente se tendrá que llegar a un acuerdo por narices, ya sea a nivel general o individual.

Creemos que es una pérdida para el sector no tener un marco convenial conjunto que fijara la tipología de retribuciones y la jornada laboral. Luego, los centros podría encargarse de negociar con la participación de médicos, personal, etcétera.
Pero los sindicatos no están por la labor. Hemos ido a ver a los directivos de los sindicatos en Cataluña, lo ven bien y están de acuerdo, pero cuando nos sentamos con los responsables sectoriales de Sanidad, no avanzamos.

¿Cuáles son las principales reclamaciones de la patronal para el nuevo convenio?

Creemos que se debe ampliar la jornada laboral; si para los trabajadores públicos se incrementa  a 37 horas y media, lo que no podemos permitir es que en el sector concertado haya diferencia entre público y privado. Deberíamos conseguir que la jornada laboral fuera homogénea en todo el sector.

También habría que preservar que las retribuciones sean homogéneas. No estoy diciendo que todos los profesionales cobren igual, sino que las tablas salariales sí sean iguales. Por tanto, la reducción del cinco por ciento del sueldo que ha aplicado la administración sobre su personal, también tendría que aplicarse en general. Esto es algo que se está discutiendo en los tribunales.