Neus Munté, consejera de Bienestar Social. |
Redacción. Barcelona
La Generalitat de Cataluña ha anunciado su decisión de suspender “de manera transitoria durante los meses de agosto y septiembre” el acceso a prestaciones vinculadas a un servicio profesional prestado en residencias. Es decir, durante estos dos meses no se financiará la plaza residencial privada de aquellas personas que tengan derecho a esta prestación pero aún no la reciban. Además, tampoco se realizarán nuevas valoraciones en esta dirección. Fuentes de la Consejería de Bienestar Social y Familia han confirmado a Redacción Médica que esta medida solo afecta a nuevos beneficiarios, en ningún caso a las que ya se están recibiendo.
Según señala un comunicado hecho público por la propia Consejería, el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass) “se ha visto obligado” a adoptar esta decisión “a causa de los incumplimientos del Estado en la financiación de la Ley de Dependencia”. En un comunicado posterior, la Consejería ha cifrado en medio millar las personas que se verán afectadas por la suspensión.
Así, la Consejería explica que “la financiación deficiente por parte de la Administración del Estado ha provocado que la Generalitat tenga que hacer frente en gran parte a los recursos necesarios para aplicar la ley”. El departamento de Neus Munté critica que, “mientras la ley dictamina que su financiación debe ser a partes iguales entre el Estado y la administración autonómica”, el Gobierno central financia solo el 20 por ciento de las prestaciones, mientras que la Generalitat aporta el 80 por ciento restante.