Dos opciones del artículo 155 en la sanidad catalana: radical o de consenso

Tras el referéndum por la secesión catalana celebrado el pasado 1 de octubre, la aplicación del artículo 155 de la Constitución española sobrevuela todavía con más intensidad en los planes del Gobierno de Mariano Rajoy, dada la amenaza de declaración unilateral de independencia anunciada por el presidente Carles Puigdemont. La cuestión es, ¿cómo afectaría su aplicación a la sanidad pública catalana?

Dividido en dos partes, el artículo, textualmente, dice: “1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”.

Julio Castelao, director del departamento de Derecho Administrativo y Público de Casajuana Abogados, explica que es complicado adivinar cómo se aplicará exactamente porque “nunca se ha  hecho”. En todo caso, el jurista predice dos escenarios para la sanidad catalana: “El Gobierno catalán actual caería y con él, por supuesto, el actual consejero. Así, se podría hacer cargo de la Consejería de Salud el Ministerio de Sanidad o poner al frente a una persona de reconocido prestigio en el sector y que carezca de vinculación política”. Es decir, “que tenga criterios sanitarios y no políticos”. Una opción, esta última, si el escenario es el de una aplicación de la medida “que no llegue a sus últimas consecuencias”.

En cuanto a las finanzas que sustentan el modelo sanitario público catalán, apenas habría cambios. “Actualmente, ha Hacienda catalana no existe y como ejemplo está lo que ocurrió este martes, cuando Montoro aclaró que a los funcionarios se les iba a descontar el día de huelga porque él es quien paga las nóminas”, asevera Castelao. Asimismo, el control de la sanidad autonómica pasaría “a manos de los altos funcionarios”, vaciando temporalmente dicha gestión de perfiles ideológicos. Si bien este abogado aclara que, en el día a día, apenas habría cambios en el funcionamiento de los distintos servicios.